La Fiscalía y la Abogacía del Estado han achacado a los prófugos del 1-O los cambios en su procesamiento, los últimos a causa de la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación, recordando que en los cinco años que han pasado desde que el instructor del 'procés', Pablo Llarena, dictó el primero de esos autos, "han eludido someterse a la Justicia".

Así se han pronunciado la jefa de los Servicios Jurídicos del Estado, Rosa María Seoane, y el fiscal Javier Zaragoza en la vista de apelación que se celebra este jueves en el Tribunal Supremo (TS) por los recursos presentados por el ex presidente catalán Carles Puigdemont y los ex consejeros Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí contra el último procesamiento acordado por Llarena a raíz de la citada reforma penal.

"Por las defensas se nos dice que no somos culpables, los togados, de estar aquí con todas las circunstancias sobrevenidas. Tengo que discrepar. Si estamos aquí, cinco años después, es porque cinco años después del auto de procesamiento los recurrentes no se han sometido a la Justicia", ha dicho Seoane en su turno de palabra.

En este sentido, ha señalado que, "por supuesto, se han dictado sentencias, por el Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el de la UE", si bien ha enfatizado que si "procesalmente estamos congelados" es porque los encausados "han eludido someterse a la Justicia".

En la misma, Zaragoza, que ha intervenido justo después, ha recalcado que "todo este empantanamiento procesal no ha sido obra ni del instructor, ni de la Fiscalía, ni de la Abogacía": "Ha sido de los recurrentes".

DESOBEDIENCIA Y MALVERSACIÓN

Cabe recordar que en el caso del ex president, el magistrado del TS acordó sustituir la sedición por desobediencia y mantenerle procesado por malversación agravada, decisión en la que se ratificó posteriormente tras rechazar un primer recurso de Puigdemont.

Con ello, Llarena también desestimó los recursos de las acusaciones, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, que pedían que procesara a Puigdemont por un tercer delito: desórdenes públicos agravados.

Sin embargo, el líder independentista volvió a impugnar, lo que ha propiciado que se celebre esta vista en fase de apelación, donde el tribunal decidirá si ratifica o corrige la decisión de Llarena.