El juez y exsenador de ERC Santi Vidal se reincorporará a la carrera judicial como titular del juzgado de lo social número 27 de Barcelona, tras haber sido suspendido por razones disciplinarias por participar en la redacción de la Constitución catalana.

Según han informado fuentes judiciales, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha resuelto otorgar a Vidal la plaza de titular de un juzgado social de Barcelona, en el concurso de traslado convocado este año.

Santi Vidal fue suspendido durante tres años por el CGPJ, por una falta muy grave, tras haber participado en la redacción de la Constitución de la República catalana.

Una vez cumplida la sanción impuesta, el año pasado, el CGPJ volvió a denegar el reingreso del exsenador al servicio activo en la carrera judicial por falta de aptitud en base a un artículo de la Ley Orgánica del poder Judicial que el Tribunal Constitucional anuló posteriormente.

Por ese motivo, el Tribunal Supremo reconoció el pasado mes de marzo el derecho de Vidal a reincorporarse como juez, pese a estar investigado por los preparativos del referéndum del 1-O por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que finalmente lo ha acabado exculpando.

Tras la sentencia del Supremo, Vidal, que antes de su suspensión era magistrado de una sección penal de la Audiencia de Barcelona, tenía la obligación de participar en el primer concurso en el que se anunciaran plazas de su categoría y solicitar todas las vacantes hasta que se le concediera destino en propiedad.

El juez fue elegido senador de ERC en las elecciones generales de 2015, pero dimitió del cargo al trascender que había revelado en varias conferencias que el Govern estaba recabando ilegalmente los datos fiscales de los catalanes y disponía de una partida camuflada de 400 millones de euros para preparar las estructuras de Estado.

Fue precisamente la publicación de esas conferencias lo que dio pie a la investigación del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona por los preparativos del 1-O, en el que están procesados un treintena de personas, entre ellas numerosos excargos de la Generalitat.