Justo el día en que la Organización Mundial de la Salud dijo que el virus se estaba estabilizando llegó la suspensión del acontecimiento tecnológico de mayor envergadura que se celebra en España y que supone  pérdidas que la prensa cuantifica en quinientos millones de euros. Además, en España solo hay dos casos de contagio y los españoles hasta ahora en cuarentena está previsto que salgan este mismo jueves del hospital Gómez Ulla tras cumplir consu aislamiento.

Entonces, ¿por qué se ha cancelado el Mobile Wolrd Congress de Barcelona? ¿Ha sido el miedo al coronavirus? ¿Por qué se celebra estos días en Amsterdam una feria de menos nivel pero del mismo sector o por qué se mantiene, de momento, el Salón del Automóvil de Ginebra?

La propia vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Trasformación Digital, Nadia Calviño reconocía este mismo jueves en 'Herrera en COPE' que no habría motivos para una cancelación del Mobile por la alerta de coronavirus. "Tenemos una salud pública excelente y los contagios que ha habido han sido tratados correctamente. Hemos estado en constante contacto con los organizadores del Mobile y a su disposición para poner todos los medios para garantizar la seguridad. Veremos qué explicaciones dan", ha dicho.

Veremos qué explicaciones dan

En esta línea la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, también descartaba que la suspensión se debiera a alguna alerta sanitaria por coronavirus en España y dejaba en el aire "otras razones", aunque no las especificaba.

El profesor Gay de Liébana podría haber dado con la clave  en 'Herrera en COPE'. El economista apuntaba  una razón que podría arrojar mucha luz al asunto. “Me da la impresión de que no está únicamente el coronavirus, también está el virus de la tasa Google como respuesta a la posición del gobierno español”. Al colaborador del programa, le 'sorprende' que “tres haya tres expositores en Amsterdam, -Cisco, Sony e Intel- que no en Barcelona. Creo que ha habido concurrencia de no asistencia por parte de las empresas tecnológicas que son las que se van a ver grabadas pro al tasa Google”.

¿Hay en Amsterdam una tasa Google?, ¿cómo se trata allí a las tecnológicas? ¿cómo se las trata en España?", se ha preguntado Gay de Liébana. "Nos digan lo que nos digan por parte de las tecnológicas, ha habido una reacción de 'nos vais a apretar pues ahí os quedáis”.

Precisamente en 'Herrera en COPE' Calviño ha negado que algunas empresas hayan decidido no asistir por esta polémica tasa. “Es una teoría descabellada. El Mobile es un Congreso en el que las grandes plataformas digitales tienen un papel, pero sobre todo es un congreso de teleoperadores de comunicaciones. No veo una relación entre una cosa y la otra".

En el aire queda ahora la duda de  si después de la cancelación de este año, el MWC se celebrará en Barcelona el año que viene.

¿QUÉ ES LA TASA GOOGLE?

Nadia Calviño ha explicado en COPE que se trata de "un impuesto para que las empresas que operan en el mundo real y en el mundo digital tributen por igual. Nosotros creemos que es una propuesta justa, adecuada y alinea nuestro sistema fiscal a la realidad del siglo XXI", ha dicho. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero señalaba esta semana que los nuevos impuestos a las transacciones financieras y a determinados servicios digitales, así como la nueva Ley contra el fraude, están listos para ir a próximos consejos de Gobierno, aunque no garantizaba que puedan ser aprobados en febrero.

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Cuando se plantearon los Presupuestos de 2019 el Ejecutivo proyectó que el impuesto a determinados servicios digitales o "tasa Google", gravara con un 3 % los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.

El texto de la ley señalaba que sólo implicaría a empresas con unos ingresos anuales de más de 750 millones en todo el mundo y 3 millones en España y la recaudación estimada era de 1.200 millones de euros.

Con el impuesto a las transacciones financieras o "tasa Tobin" se pretendía gravar con un 0,2 % las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros y su recaudación prevista era de unos 850 millones de euros anuales.