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España, seis meses después del Estado de Alarma: caos sanitario y derrumbe de la economía

Estos meses han dejado claro que nuestro país se enfrenta a una de las crisis sanitarias, económicas y sociales más importantes de su historia

Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados
Javi García
@garciaperezcom

Redactor COPE

Tiempo de lectura: 8'Actualizado 06:55

Seis meses han pasado desde que entrara en vigor el estado de alarma en todo el territorio español para reducir los efectos de una pandemia que había llegado a nuestro país para quedarse. Desde aquel día, en el que toda España se encerró en sus casas, la palabra crisis se ha convertido en la palabra más repetida para hablar de la situación sanitaria, económica y política en nuestro país.

Desde que Pedro Sánchez informara en el atril del Palacio de la Moncloa, aquel 13 de marzo, el decreto por el que se imponía el estado de alarma en todo el país, los españoles se han enfrentado a un futuro incierto a unas cifras en relación con la pandemia que no son nada favorables para hacer una valoración positiva de la gestión del Gobierno de coalición a los mandos de esta crisis.

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Días antes del comienzo del estado de alarma, el Gobierno de Sánchez minimizaba los peligros que suponía la llegada del virus a nuestro país. Mientras, los españoles veían con cara de asombro todo lo que estaba sucediendo en Italia, donde la pandemia ya se había descontrolado y el número de fallecidos e infectados alcanzaba cifras terroríficas. De forma paralela a la situación del país mediterráneo, el Gobierno de España se preparaba para asistir A una multitudinaria manifestación en el centro de Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer. Esta manifestación es considerada por muchos como unos de los principales focos de contagio en la capital de España, y de la que incluso la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, reconoció en una conversación filtrada con una periodista que sabían de los riesgos que conllevaba esta convocatoria.

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También el propio director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, se mostró confiado sobre el impacto de la covid-19 en nuestro país, señalando que él se atrevería a decir que "España no va a tener más de algún caso diagnosticado", unas palabras que todavía resuenan en la hemeroteca del Ministerio de Sanidad seis meses después.

Aquel 14 de marzo, España registraba un total de 5.753 casos diagnosticados y 136 fallecidos, una cifra que desde la entrada en vigor del estado de alarma se empezó a disparar hasta poner al límite la capacidad de los centros sanitarios y también funerarios en zonas como Madrid o Cataluña. Con el paso de las semanas, la situación parecía mejorar de forma leve y España entraba en las conocidas fases hacia la nueva normalidad. El territorio español se dividía en varias zonas, en función del impacto de la pandemia, y cada domingo debíamos estar atentos al Boletín Oficial del Estado para saber qué podríamos hacer si pasábamos de fase.

La 'segunda ola' llegó mucho antes

Las previsiones eran positivas y España se preparaba para recibir la temporada estival con la vista puesta en la segunda ola que según los expertos llegarían de forma paralela al otoño. Lejos de ello, pocas jornadas después del comienzo de la nueva normalidad, los casos comenzaban a dispararse y las principales zonas turísticas seguían sufriendo los efectos de una crisis han puesto al límite en los últimos meses a sectores como el de la hostelería, el turismo o el ocio. La segunda ola había en pleno verano y España registraba una de las mayores tasas de Europa por número de habitantes, llegando a comienzos de este mes de septiembre a los más de 500.000 casos diagnosticados, una cifra muy lejana a la que reflejan las realidades de otros países de nuestro entorno.

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En la actualidad, España es el peor país de Europa en relación con los datos: con tasas de contagios muy elevadas y también con un número de fallecidos que sigue al alza. Con estos datos, España se prepara para afrontar un complicado mes de otoño en todos los ámbitos, pero sobre todo en el sanitario, donde muchos centros de atención primaria ya han informado que se encuentran colapsados.

La cuestionada gestión del Gobierno de Pedro Sánchez

La capacidad de gestión del Gobierno de Pedro Sánchez durante la gestión ha sido más que cuestionada. El estado de alarma comenzó para el Gobierno de coalición con un importante revés provocado por la compra de material sanitario que no estaba en condiciones para uso por una cifra que alcanzaba los 154 millones de euros. Dentro este capítulo, existieron también ciertos escándalos relacionados con la firma de contratos con empresas opacas o compra de productos, como mascarillas o batas, por un precio en China muy superior al que tenían estos productos en España.

A todo esto se unían los números relacionados con los test que se hacían en nuestro país y también con el número real de fallecidos que había provocado la pandemia en España. Sobre el número de test, Pedro Sánchez hizo referencia a un estudio de la Universidad Johns Hopkins que situaba a España en octava posición en el ranking de países que más pruebas de coronavirus realizaba, un dato que ha estado rodeado de polémica durante todo el estado de alarma, ya que tal y como informó ABC no había ni rastro de aquel informe.

El número de fallecidos también ha sido un asunto de debate y que sigue estando vigente en la actualidad. El diario ABC publicaba este domingo que la cifra total de fallecidos por coronavirus en nuestro país asciende a 53.000 personas, un total muy diferente al que defiende el Gobierno que sitúa esta cifra en 29.747 personas, muy lejana también a las registradas por el MOMO, el INE o el Instituto Carlos III.

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A todo el tema del recuento y la variación de cifras se ha unido también la polémica relacionada con el famoso 'Comité de Expertos', aquel que según Fernando Simón estaba encargado de afrontar las medidas para contener los efectos de la pandemia y sobre el que era necesario mantener su anonimato para evitar presiones externas. Semanas después, el propio Fernando Simón reconoció que no existía tal 'comité de la desescalada', una figura sanitaria a la que también se refirieron en varias ocasiones el presidente Pedro Sánchez y los ministros Salvador Illa y María Jesús Montero.

Importante crisis sanitaria

En la perspectiva sanitaria y social, la situación en los últimos meses también es demasiado complicada, aunque no existe la presión sanitaria que vivimos en los primeros instantes del estado de alarma, la situación en ciertos hospitales de España y centros de Atención Primaria empieza a ser preocupante, e incluso en los últimos días hemos podido ver en ciertos medios de comunicación los testimonios de varios sanitarios alertando a que la situación empieza a parecer a la de un pasado muy lejano.

Los médicos se sienten desprotegidos y este descontento ha provocado ciertas manifestaciones como la convocada por los médicos de Madrid, que han anunciado movilizaciones de forma escalonada a partir del próximo 15 de septiembre.

A la situación de los centros sanitarios se une la de las residencias de mayores, uno de los colectivos más afectados por el impacto de la pandemia en nuestro país. La covid-19 ha dejado en las más de 5.457 residencias de nuestro país un total de 20.034 fallecidos. La mayoría de defunciones se han producido en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Desde el inicio de la pandemia, las residencias de ancianos se convirtieron en un de los principales focos de contagio y su personal se vio sobrepasado. Esta situación provocó que la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, informase de que el Ejército se había encontrado ancianos fallecidos conviviendo con otros residentes. En la actualidad, muchos de estos centros se encuentran 'blindados' y sin permitir las visitas exteriores para evitar que sus residentes puedan sufrir una nueva ola de la covid-19.

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Una crisis económica sin precedentes

Al impacto sanitario del coronavirus también hay que unir la importante crisis económica que vive nuestro país. La covid-19 ha provocado que sectores tan importantes para nuestra economía como el turismo y la hostelería hayan sufrido una importantísima caída de sus ingresos, llegando incluso a cerrar muchos negocios en plena temporada alta ante la ausencia de turistas extranjeros.

A esta situación interna también se debe unir la externa, provocada por las importantes de medidas de cuarentena que muchos países han impuesto a sus ciudadanos en caso de que quisieran pasar sus vacaciones en España, unas decisiones que han provocado que veamos en ciudades que son emblemas de nuestro turismo, como Benidorm o Ibiza, estampas que ni en los peores sueños habrían pensado sus empresarios.

A todo ello se suma la importante tasa de paro que afecta a nuestro país, que multiplica por dos la tasa de paro de los países de nuestro entorno, un 15,8%. A este dato se une el de paro juvenil, que en Europa afecta al 17,3% de los jóvenes y en España al 41,7%.

En esta dirección, también es preocupante la importante caída del PIB en el segundo trimestre, con un descenso del 18,5%. Con este dato, varios expertos anunciaron que España entraba en un proceso de recesión técnica al registrar dos trimestres consecutivos con caídas del PIB. Esta es la tercera vez en lo que va de siglo XXI que la economía española afrontar un periodo de recesión.

También hay que indicar la importante incertidumbre a la que se enfrentan miles de empresas a las que no les salen las cuentas y el asunto de los ERTE, de los que muchos trabajadores no han visto todavía ningún ingreso y de los que el Gobierno piensan en su prolongación sin saber de forma certera si las arcas públicas de nuestro país pueden aguantar tal desembolso.

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De forma paralela, una de las medidas estrellas de este Gobierno, el Ingreso Mínimo Vital, también provoca muchas dudas entre los ciudadanos. El tremendo atasco es más que evidente, los números cantan, hay 1.500 funcionarios para tramitar esas 900.000 peticiones del ingreso mínimo vital (IMV). Cuando está a punto de cumplirse 3 meses apenas se han respondido 230.000. El IMV ha colapsado la administración, se han volcado los recursos para ese subsidio desatendiendo a otros tan importantes como jubilaciones, viudedad o incapacidad.

Por último, el Gobierno ha acelerado los plazos para el comienzo de un curso escolar que tiene más sombras que luces, ya que el porcentaje de padres, colectivos de profesores y alumnos que han mostrado su descontento con la forma en la que han comenzado las clases es elevado. Por ello, varios expertos han señalado que parece casi imposible evitar que en las próximas semanas se produzcan algunos rebrotes en las aulas de nuestro país.

Tensión política en el Congreso

En el ámbito político tampoco estos seis meses desde la entrada en vigor del estado de alarma han dejado un clima diferente. Con las prórrogas del estado de alarma como uno de los principales focos de confrontación, el Gobierno de Sánchez y Podemos sacó adelante un acuerdo con Bildu para derogar la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy, una decisión que ha provocado la tensión del hemiciclo e incluso también dentro del Consejo de Ministros, donde la porpia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se mostró contraria a acelerar esta derogación.

Este ha sido uno de los muchos momentos en el que se ha notado confrontación entre los miembros del PSOE y Unidas Podemos. Exiten varios puntos programáticos que provocan cierta división entre la banca socialista y la bancada morada, algo que deja de manifiesto la fragilidad de la coalición y la complejidad para sacar adelante acuerdos. Uno de ellos es el relacionado con la fusión de Caixabank y Bankia, algo que desde la vicepresidencia económica lo ven como un punto de fortaleza y desde Podemos piensan que ese movimiento debería haber culminado en una banca pública.

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La fragilidad de la coalición se hizo notar la pasada semana después de que el Congreso de los Diputados tumbase el decreto por el que el Gobierno quería confiscar el dinero de aquellos ayuntamientos que tenían superavit. Esta fue uno de los primeros síntomas que amenzan de forma directa al Gobierno en sus negociaciones por conseguir los acuerdos necesarios para sacar adelante el proyectos de los Presupuestos Generales del Estado, necesarios para acceder a las ayudas otorgadas por Europa y recopiladas en los fondos de reconstrucción aprobados el pasado mes de julio.

A todas estas informaciones se han unido en los últimos días la posiblidad de que en el futuro se produzca una congelación de los sueldos de los funcionarios y también de las pensiones, algo que la vicepresidenta económica y el ministro de Trabajo han planteado de forma indirecta, pero que desde Podemos se ve como "un absoluto error".

Con todo este clima, España celebra los seis meses desde la entrada en vigor del estado de alarma con más de 566.000 casos confirmados y con cerca de 29.747 fallecidos. Unos números a los que si se suman los datos económicos dejan a nuestro país con un balance negativo de estos seis meses.


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