Dos de los terroristas condenados por la masacre de Madrid del 11 de marzo de 2014, Jamal Zougan y Hassan El Haski, han negado hoy ante el juez que formaran parte del "frente de cárceles" yihadista de 25 internos que neutralizó la Guardia Civil el pasado mes en distintas prisiones españolas.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, ellos dos y otros tres presos han declarado hoy por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga esta red de 25 presuntos simpatizantes de la organización terrorista Estado Islámico(EI) recluidos en 17 cárceles del país e investigados por captar, adoctrinar y radicalizar a otros presos.

Los dos condenados por el 11M, han indicado las fuentes, han negado que formaran parte del grupo. Jamal Zougan fue sentenciado a más de 40.000 años de cárcel por esos atentados y Hassan El Haski a 14 años de cárcel en España y a otros 10 en Marruecos, donde debe ser extraditado tras cumplir condena.

El juez no ha acordado ninguna medida cautelar contra los cinco que han declarado hoy porque están ya presos y no es necesario asegurar su situación, han indicado las fuentes.

Aún quedan por declarar seis investigados en esta causa, que indaga lo que se ha denominado un embrión de un "frente de cárceles" yihadista y que supuso es la primera operación de estas características llevada a cabo en Europa contra un entramado afín al El Haski cuya actividad se desarrolla íntegramente en el ámbito penitenciario.

El cabecilla de la trama sería Mohamed Achraf, cuyo verdadero nombre es Abderraman Tahiri, preso que cumple condena por liderar una célula que planeaba atentar contra varios objetivos emblemáticos de Madrid, entre ellos la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Pedraz ordenó el pasado 11 de octubre prisión incondicional para él, días antes de que quedara en libertad por esa causa.

Esta organización de presos yihadistas fue desmantelada como fruto del control de los procesos de radicalización llevada a cabo por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, según informó el Ministerio del Interior.

Su objetivo ha sido recopilar pruebas que permitan esclarecer la actividad del grupo investigado compuesto tanto por presos con antecedentes previos por delitos de terrorismo yihadista como por reclusos comunes cuyo proceso de radicalización se ha iniciado durante su estancia en prisión, entre los que se encuentran varios españoles conversos o en proceso de conversión.

Para el proceso de captación y adoctrinamiento el grupo combinaba tanto la interacción física entre internos dentro de los propios centros penitenciarios como la relación epistolar, lo que le permitía establecer comunicación con reclusos ubicados en distintas prisiones.

El grupo estaba integrado por varios dinamizadores que no solamente se dedicaban a captar a internos de la órbita del Dáesh, sino que también buscaban cohesionar a los presos encarcelados por delitos de terrorismo y de esta forma intentaban fraguar el embrión de lo que podría considerarse un "frente de cárceles" yihadista.

Los investigadores estiman que más allá de su finalidad proselitista la actividad del grupo podría ir más lejos y traducirse en ataques dentro o fuera de las prisiones como el sucedido en 2016 en el interior de la prisión francesa de Osny o en 2018 en Lieja (Bélgica) donde durante un permiso penitenciarios un preso radicalizado asesinó a dos policías y a un civil.