La disolución de las Cortes, incluido el Senado, anunciado por Pedro Sánchez para el adelanto electoral se cobra una víctima inesperada: la comisión de investigación promovida por el PP para aclarar el origen de la tesis del presidente del Gobierno, ya que no comenzaba sus trabajos hasta marzo.

Constituida el 4 de diciembre, la comisión no había comenzado propiamente su labor, a la espera de que el 1 de marzo finalizara el plazo para que los grupos parlamentarios presentaran sus planes de trabajo, el cual había sido prorrogado en una decisión muy contestada por Ciudadanos, partido que apoyó crear la comisión.

Su senadora Lorena Roldán vio tras esta maniobra un pacto entre PP y PSOE para "taparse entre sí sus corruptelas", después de que los socialistas aceptaran en la Asamblea de Madrid retrasar la investigación sobre los "másteres" del líder del PP, Pablo Casado.

Era una segunda prórroga solicitada por el PSOE, Unidos Podemos, ERC y el grupo Nacionalista (PDeCAT y CC) que dejaba un amplio margen a los grupos para registrar sus planes de trabajo.

El PP ya lo había hecho, y además de pedir la comparecencia del propio Pedro Sánchez reclamaba que acudieran a la Cámara otras 38 personas, entre ellas el actual jefe de Gabinete del presidente, Iván Redondo, y el ex ministro socialista Miguel Sebastián.

En la misma línea, Ciudadanos pedía tomar declaración a Sánchez, Sebastián y varios académicos, entre ellos los miembros del tribunal que evaluó la tesis del presidente en la Universidad Camilo José Cela (UCJC).

ERC también registró su plan, pero desde una óptica diferente, para exigir que el Senado cite al líder del PP, Pablo Casado, a la exministra socialista Carmen Montón, a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes y al portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en relación con otros trabajos académicos suyos también cuestionados.

El grupo popular planeó poner en marcha esta comisión después de que Sánchez rechazara comparecer en el pleno para aclarar las "dudas" suscitadas por su tesis doctoral y a la vista de la experiencia de la Comisión de Investigación sobre la Financiación de los Partidos Políticos creada en junio de 2017.