Hervé Falciani, el ingeniero que elaboró la conocida como “Lista Falciani” -que puso al descubierto datos de 130.000 evasores fiscales que operaban a través de la sucursal suiza del banco HSBC-, ha sido detenido este miércoles en Madrid en virtud de una Orden Internacional de Detención (OID) emitida por el país helvético para su extradición.

Se da la circunstancia de que Anna Gabriel –la exportavoz de la CUP- y Marta Rovira –que fue número 2 de ERC hasta hace dos semanas- huyeron a Suiza después de que el instructor del 1 de Octubre, Pablo Llarena, llamara a la primera a declarar y anunciase el procesamiento de la segunda por su participación en la declaración unilateral de independencia.  Precisamente, la petición de las autoridades helvéticas sobre Falciani se produjo el 19 de marzo, 4 días antes de que Rovira emprendiera “el camino del exilio”.

INTERCAMBIO DE CROMOS DESDEÑABLE

Un escenario que puede ser interpretado como un mecanismo de presión a las autoridades helvéticas para que procedan a la entrega de las exdiputadas catalanas a cambio de que España haga lo propio con el informático, pues el convenio de extradición hispanosuizo, que data de 1883, apela a que ambos países se comprometan a la entrega de sus nacionales cuando así se lo requiera uno al otro, lo que se conoce como principio de reciprocidad.

No obstante, Ana Gabriel está procesada por el delito de desobediencia –por desoír la citación del magistrado Llarena-, que no comporta pena de cárcel sino de inhabilitación. Además, sobre ella no pesa una OID sino una orden de detención limitada al territorio español. De hecho, al producirse la fuga el Departamento de Justicia suizo manifestó que “a priori” el caso parecía estar ligado a “delitos políticos” que frustrarían una eventual extradición.

En cuanto a Marta Rovira, la legislación suiza no contempla en sentido estricto los delitos de rebelión y sedición por los que ha sido procesada. Un hecho que podría frustrar su entrega a España ya que la misma se condiciona a que los ilícitos estén tipificados por las legislaciones de ambos Estados, lo que se denomina doble incriminación.

Sí bien es cierto que el artículo 265 del Código Penal helvético castiga los delitos contra el Estado, entendidos, entre otros actos, como el de usar “la violencia” para “separar una parte del territorio suizo de la Confederación o una parte de un cantón”, habría que justificar convenientemente la coincidencia entre ambos para que tanto la Fiscalía como el tribunal suizo correspondiente accediesen a su entrega, suma teniendo en cuenta que en el caso del país helvético el delito está castigado con un año de prisión mientras que en España la rebelión comporta una pena de entre 15 y 25 años.

ESPAÑA YA DENEGÓ LA EXTRADICIÓN DE FALCIANI

Pero es más, Falciani ya fue detenido en Barcelona en 2012 por los mismos hechos por los que ahora se solicita su entrega. La Audiencia Nacional decidió entonces dejarlo en libertad sobre la base de que la información facilitada había servido para que Hacienda persiguiera a 659 evasores fiscales y regularizara, al menos, 250 millones de euros. En concreto, señaló que los datos se referían "a actividades sospechosas de ilegalidad, incluso constitutivas de infracciones penales, que de ninguna manera es susceptible de legítima protección", por lo que estaríamos ante el instituto de la cosa juzgada –lo que ya ha sido juzgado no se puede volver a juzgar-.

Además, la detención de Falciani con base en una condena suiza de 2016 a 5 años de prisión no comporta su extradición automática, sino que tiene que ser la Audiencia Nacional la que decida en base a las posiciones de su defensa y la Fiscalía, que entonces se opuso a la extradición del informático. Por ello, no parece probable que la detención de Hervé Falciani vaya a facilitar la extradición de las exdiputadas independentistas.