El Tribunal Constitucional ha aceptado este martes la abstención del magistrado Juan Carlos Campo de siete asuntos a resolver por el Pleno por su relación personal con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y por su condición de exministro de Justicia.

Fuentes jurídicas han informado de que el Pleno ha hecho lo mismo con la abstención de la magistrada Laura Díez de un asunto, al tiempo que ha inadmitido la recusación contra Ricardo Enríquez en el recurso sobre el complejo Isla de Valdecañas (Cáceres).

Por su relación personal con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, Campo se aparta de los recursos presentados por PP y Ciudadanos contra las fórmulas de acatamiento de la Constitución de 2019 y 2020 de varios diputados, así como otro similar de Vox.

También por dos recursos contra dos decisiones de Batet: su rechazo a pedir al Gobierno los expedientes de indulto de los condenados por el procés y la pérdida de escaño del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez tras ser condenado por el Supremo.

Por su condición de ministro de Justicia, se aparta de dos asuntos vinculados con la pandemia de la covid-19 y un tercero sobre la ley educativa conocida como ley Celaá.

El TC ha aceptado también la abstención de Laura Díez de un recurso de Vox que afecta a la ley y al decreto ley que evita la aplicación del 25 % del castellano en Cataluña, porque la magistrada avaló ambas normas cuando formaba parte de un organismo asesor de la Generalitat.

En cambio, el Pleno no ha admitido a trámite la recusación presentada por los Ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres) contra el magistrado Ricardo Enríquez en el recurso sobre el complejo "Isla de Valdecañas", porque su voto particular contra la admisión a trámite del recurso responde "a una obligación en el ejercicio de la función de nuestra jurisdicción de amparo".

Por otro lado, el tribunal ha admitido a trámite los recursos de Vox contra la Ley de Memoria Democrática y la Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, pero ha inadmitido un tercero del mismo grupo contra un decreto de la Generalitat de Cataluña de medidas urgentes en el ámbito tributario y financiero.