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El Congreso votará renovar el CGPJ el jueves pese a la ruptura del pacto de PSOE-PP

La votación no saldría adelante al no contar con los tres quintos de votos necesarios

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AGENCIAS

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 15:45

El pleno del Congreso votará el próximo jueves los vocales propuestos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pese a la ruptura del acuerdo entre el PSOE y el PP, lo que impide teóricamente que se alcance la mayoría de tres quintos necesaria para que la votación salga adelante.

Fuentes parlamentarias han explicado a EFE que el PP había solicitado a la Junta de Portavoces que se retirara ese punto del orden del día del pleno, pero al no alcanzarse la unanimidad de los grupos, la votación se mantendrá en el orden del día. Según las fuentes, el PSOE, en principio, no se ha opuesto a que se aplazara la votación, pero Unidos Podemos, ERC y el Grupo Mixto se han opuesto a que se modificara el orden del día, mientras que el PNV se ha abstenido. Al mantenerse la votación, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha aprovechado la reunión de la Junta para instar a todos los grupos a rehacer un acuerdo antes del jueves.  En cualquier caso, es imprescindible que el PP se sume a la votación y al pacto, ante la necesidad de que los nuevos vocales sean votados por una mayoría de tres quintos.

La decisión del PP de suspender el acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras conocerse que el juez Manuel Marchena ha renunciado a presidirlo, ha dejado en el aire la renovación del órgano de gobierno de jueces y magistrados. Marchena era el candidato pactado por PSOE y PP para presidir el Tribunal Supremo y el CGPJ y su renuncia significa que seguirá presidiendo la Sala que juzgará a los investigados por el proceso de independencia de Cataluña. 

BLOQUEO DEL PODER JUDICIAL

La renuncia del magistrado del Supremo Manuel Marchena a presidir el Tribunal Supremo y el Poder Judicial supone una nueva sacudida en la Justicia y augura el bloqueo de la renovación del órgano de gobierno de los jueces. El gesto de Marchena y la decisión del PP de dejar en suspenso el pacto alcanzado con el PSOE para la renovación rompen el único acuerdo político entre los dos principales partidos tras la moción de censura que provocó el cambio de gobierno.

Convulsión tras convulsión. El movimiento de tierra provocado por Marchena, cuyas consecuencias aún están por determinar, viene precedido por el terremoto que supuso la filtración de un acuerdo que implicaba la elección del presidente del CGPJ antes incluso del nombramiento de los vocales que, como dicta la ley, deben tomar esa decisión.

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Los partidos mayoritarios se escudaron en un "ejercicio de responsabilidad" para renovar en plazo (4 de diciembre) el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero su acuerdo fue criticado tanto por la oposición como, sobre todo, por los propios jueces.  Todo ello, enmarcado en un trasfondo de cuestionamiento de la independencia judicial, de injerencia política y culminado por la filtración de un mensaje de wasap del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que defendía la elección de Marchena como presidente del Supremo, "controlando la Sala Segunda desde detrás".

Esa Sala Segunda, la de lo Penal, no solo se encarga de las investigaciones a los cargos políticos aforados, sino que afronta en los próximos meses el principal reto del Supremo: el juicio por el proceso soberanista catalán. De hecho, la renuncia del magistrado le permite seguir al frente de la Sala Segunda y presidir el tribunal que juzgará a los 18 acusados por el "procés".

Lo ocurrido y el whatsapp de Cosidó no hacen sino alimentar las acusaciones de falta de independencia de los jueces del tribunal. Hoy mismo, la defensa de Oriol Junqueras y de Raül Romeva ha recusado a Manuel Marchena por su participación en ese acuerdo político.

El paso atrás del hombre señalado por el PP y el PSOE para dirigir el CGPJ abre además un escenario de enfrentamiento que aboca al Poder Judicial a un bloqueo que ya vivió entre 2006 y 2008. El PP ha tardado minutos en anunciar que deja en suspenso el pacto y el PSOE y el Ejecutivo poco más en señalar a los populares como responsables del bloqueo. Por si fuera poco, ahora el PP tampoco considera interlocutora válida a la ministra Dolores Delgado, la misma que ha cerrado el acuerdo recientemente con el exministro Rafael Catalá. Mientras los populares exigen el cese de Delgado, los socialistas reclaman el de Cosidó. 

Pero también sirve lo ocurrido para reabrir el debate sobre el sistema de elección de los vocales del CGPJ, una exigencia de todas las asociaciones de jueces, indignadas por lo ocurrido y que hoy han aplaudido y valorado la decisión de Marchena.  La despolitización del órgano de gobierno de los jueces encabezó las reivindicaciones de los jueces y fiscales que fueron a la huelga ayer.

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Y, lógicamente, la ruptura conlleva la continuidad al frente del Poder Judicial de Carlos Lesmes, muy cuestionado tras la gestión del caso de las hipotecas en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Su relevo tras lo ocurrido era una de las principales urgencias del PP y el PSOE para mejorar la imagen de la Justicia y del Tribunal Supremo antes del inicio del juicio del "procés".

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