La Comisión de Ética Judicial, órgano independiente del Consejo General del Poder Judicial, ha alertado este martes del "elevado riesgo de lesión de los principios de independencia e imparcialidad" que puede darse cuando un juez regresa al juzgado tras haber pasado por el poder ejecutivo o legislativo.

Según informa el CGPJ, el dictamen responde a una consulta formulada por un miembro de la carrera judicial -de carácter reservado, por lo que no se desvela si pregunta por algún caso concreto-.

En estos momentos varios jueces ocupan escaño en el Parlamento y tres forman parte del Ejecutivo: los titulares de Justicia, Juan Carlos Campo; de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y de Defensa, Margarita Robles.

En el ordenamiento jurídico español, a diferencia de lo que ocurre en otros países del entorno, no existe ninguna prohibición para que un juez retorne al ejercicio de la jurisdicción tras desempeñar cargos políticos, ni debe respetarse ningún periodo de "abstención o enfriamiento".

Según la Comisión, en los casos de puertas giratorias entre la política y la justicia se ven afectados dos de los "Principios de ética judicial" que deben observar los jueces y que les obligan a no dañar la imagen de la independencia judicial y a reafirmar la confianza de los ciudadanos en la justicia siembre que sean reconocidos como jueces, aunque actúen en otro ámbito.

En opinión de la Comisión, el riesgo de lesión de la apariencia de independencia e imparcialidad aumentará con la exposición mediática o pública y con la participación activa en actos de partido o petición de voto, ya que los ciudadanos pueden percibir al juez como "parte misma de una ideología u opción política".

El riesgo será "sensiblemente menor", continúa, en los cargos de naturaleza técnica o jurídica.

"En aquellos supuestos donde la contienda política pueda transformarse posteriormente en judicial, dicho riesgo es especialmente sensible", advierte este organismo, compuesto por seis miembros de la carrera judicial y por un académico experto en Ética o Filosofía del Derecho.

La Comisión, que recuerda que el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ya alertó en 2013 del riesgo de politización de la función judicial en España, destaca que cuando un juez asume un cargo político sigue perteneciendo a la carrera judicial (bien en régimen de servicios especiales o de excedencia voluntaria) y es percibido por la sociedad como un juez.

En este contexto, y ante la preocupación por "la posibilidad de interferencia o colonización de las decisiones de los jueces y tribunales por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo", reclama "un especial esfuerzo explicativo o pedagógico" para no dañar la confianza en el sistema judicial.

Y también recuerda a los jueces que se encuentran en política que siguen sujetos "a la obligación ética de guardar lealtad institucional al Poder Judicial" para reforzar esa confianza.

"En todas aquellas facetas donde el juez o magistrado sea reconocible como tal por la sociedad, deberá abstenerse de comprometer o perjudicar la percepción que, en un Estado democrático y de Derecho, tiene la sociedad sobre la independencia del Poder Judicial", recalca.