El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido este jueves en el Senado la decisión del Gobierno de no prorrogar el estado de alarma para frenar el coronavirus porque, ha recalcado, "hay legislación suficiente y así lo ha reconocido el Tribunal Supremo".

Campo, que ha comparecido ante la Comisión de Justicia, ha rebatido las críticas del portavoz del PNV, Imanol Landa, quien ha considerado "incomprensible la obcecación" del Ejecutivo y le ha acusado de dejar a las comunidades sin seguridad jurídica ante la pandemia.

No es la opinión del titular de Justicia, quien ha insistido en que cada administración debe aplicar sus leyes, como las normativas municipales frente a los botellones, y ha defendido que los jueces intervengan cuando se toquen los derechos fundamentales, con el Supremo unificando criterios.

Apenas ha gastado palabras para criticar el "plan b" defendido por el PP, al que tachado de "poco trabajado" y "bastante infumable".

Al margen de esta cuestión, se ha referido a la fallida renovación del Consejo General del Poder Judicial, que se acerca a los dos años y medio en funciones, y ha exhortado al PP a cumplir la ley, elegir a los nuevos vocales y después hablar de cambiar el modelo.

"Una democracia sin instituciones nos lleva al populismo y no es el pacto que firmamos en el 78", ha recalcado.

Preguntado por la anunciada reforma del Código Penal, en la que el Gobierno ha planteado desde modificar los delitos de rebelión y sedición a los denominados delitos de expresión, se ha limitado a señalar que "estará cuando esté", ya que se trata de un proyecto "muy importante".

El Código penal, ha afirmado, es un instrumento "tremendamente sensible" que hay que tocar "lo menos posible" y "con el mayor rigor posible".

"No hay que tener un Código Penal que me venga bien, sino que le venga bien a la sociedad española", ha recalcado el ministro, quien ha querido también dejar claro que la libertad de expresión en España es "amplísima" y cumple con los estándares internacionales.

En su discurso, Campo ha expuesto a los senadores los principales proyectos del plan Justicia 2030, entre los que destaca la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para que la fiscalía asuma la instrucción de las causas penales.

Ha defendido la independencia con la que actúan los fiscales, pero ha destacado que el anteproyecto contempla no obstante una reforma del estatuto del Ministerio Fiscal y ha propuesto modificarlo "desde ya" para que el fiscal se sienta "más tranquilo en su actuación diaria y cotidiana". EFE