El tribunal Supremo confirmó la condena a Isa Serra, ex número uno de podemos en la Comunidad de Madrid y actual portavoz nacional de la formación morada, a un año y 7 meses de cárcel e inhabilitación como autora de un delito de atentado ante la autoridad con lesiones. Los hechos se produjeron en un desahucio ocurrido el 31 de enero de 2014 en el barrio madrileño de Lavapiés.

Este fue uno de los motivos por los que Serra decidió no recoger su acta de diputada en la Asamblea de Madrid, además de por los malos resultados cosechados en las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad. Sin embargo, sí que continuará como portavoz nacional y se espera que de el salto a la política nacional.

Su continuidad en el cargo es posible gracias a que hace 3 semanas la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se convirtió en la nueva secretaria seneral del Podemos al imponerse en las primarias celebradas en la IV Asamblea Ciudadana del partido. Junto con el nombramiento, se ha producido un cambio en el código ético de podemos que Belarra ya anunció durante su campaña para ser la sucesora de Pablo Iglesias.

Anteriormente, en el documento venía establecido “El compromiso de renuncia al cargo público, al cargo interno o a cualquier candidatura a dichos cargos en caso de ser procesado o condenado por las faltas o los delitos que se determinarán en el reglamento que a tal efecto publicará la Comisión de Derechos y Garantías, y que en cualquier caso incluirá siempre los delitos de corrupción, los económicos, el acoso sexual, las violencias machistas, la pederastia y el maltrato infantil, así como los delitos contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, los ecológicos y los urbanísticos”.

Pero ahora, se introduce una excepción: Se exime a miembros del partido del compromiso de renunciar al cargo público o interno en caso de condena o procesamientosi se producen en el marco de un "contexto de acoso judicial con intenciones políticas y alejado del derecho".

Desde su nacimiento, el partido político ha ido relajando su código ético para contrarrestar las decisiones de los tribunales que ellos consideran “injustas”. Gracias a esta nueva modificación, Serra podrá seguir en su actual cargo alegando que sufre una persecución judicial.

Isa Serra anunció este lunes que llevará su caso a la justicia Europea. Y es que el Tribunal Supremo tiene que dictar un auto de ejecución en el que suprimirá la pena de cárcel, pero hará efectiva la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Algo que impediría a Serra ser diputada en el congreso, si se presentase en la lista morada a las elecciones generales.