El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo, sin duda habrá respirado aliviado esta mañana, al menos de momento, tras conocer que la magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de la capital de España ha acordado el sobreseimiento provisional del caso conocido como 8-M.

Tras escuchar este pasado jueves tanto a Franco como a otros 17 testigos más, la magistrada considera que no hay indicios suficientes para determinar una actuación delictiva en los hechos atribuidos al delegado del Gobierno, al que se acusaba de un presunto delito de prevaricación administrativa.

Según el auto, el investigado no tuvo un conocimiento "cierto, objetivo y técnico" del riesgo que para la salud de las personas suponía la realización de manifestaciones y concentraciones, ni “recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario”.

Tras hacerse pública la decisión de la juez del caso, la ex diputada nacional Rosa Díez ha lanzado un serio aviso al presidente Pedro Sánchez y a su vicepresidente Pablo Iglesias, al señalar que “no significa que el Gobierno, no lo conociera”. “Veremos”, ha sentenciado la política vasca.

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La juez no ve acreditado que el Delegado del Gobierno, Franco el del PSOE, tuviese un conocimiento "cierto, objetivo y técnico", o sea, supiese, el peligro que se corría al autorizar la concentración. No significa que el Gobierno, no lo conociera. Veremos.https://t.co/tFKn23a63d

— Rosa Díez (@rosadiezglez) June 12, 2020

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Cabe recordar que Díez ha presentado ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todos los miembros del Ejecutivo y el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, asegurando que pueden haber incurrido en un delito de prevaricación en su modalidad omisiva.

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Según la denunciante, desde el Ejecutivo de Sánchez “no ordenaron el uso obligatorio de mascarillas como forma eficaz de evitar el contagio con anterioridad al 20 de mayo para evitar deliberadamente desprestigiar la imagen del Gobierno y/u ordenar una mayor restricción en los movimientos si no se podía garantizar el suministro de las mismas”.

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Se denuncian dos delitos de prevaricación por omisión, artículo 404 del Código Penal cometidos en dos momentos por el Gobierno y por Simón. A ver q hace la Fiscalía, si atiende a la denuncia e investiga o se apresta a tapar el delito y defender al Gobierno https://t.co/joO6Fc4kSWpic.twitter.com/YYmyWuICId

— Rosa Díez (@rosadiezglez) June 9, 2020

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Diez asegura en su denuncia que “pese a que se sabía que iba a haber escasez de suministros”, desde el Gobierno “no se utilizaron los meses previos a la declaración del estado de alarma para abastecerse de esos suministros”.

“La conducta omisiva que denunciamos se agrava más en tanto en cuanto afectó significativamente a personal sanitario y a los trabajadores esenciales a quienes deliberadamente y con mayor motivo se les expuso al peligro del contagio”, señala en su escrito de denuncia de 12 páginas, Rosa Díez.

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