Los juzgados españoles tienen competencia para desarrollar los miles de juicios a los que se enfrentan las empresas participantes en el conocido como cártel de camiones, entre las que se encuentran Daimler, Renault-Volvo, DAF, Iveco y MAN, denunciadas por haber pactado precios y repercutido en los compradores los costes de cumplir con las normas sobre emisiones.

Así lo ha dictaminado la Audiencia Provincial de Lugo ante el recurso presentado por el despacho de abogados de A Coruña Caruncho, Tomé & Judel contra el auto de un juzgado de Lugo que acordó no tener competencia internacional para llevar a cabo estos casos.

El pasado mes de septiembre, el Juzgado de lo Mercantil de Lugo dictó un auto en el que acordaba abstenerse del conocimiento de una demanda presentada frente a Iveco por carecer de competencia internacional. Sin embargo, la Audiencia Provincial ha considerado que los juzgados españoles tienen competencia para juzgar estos casos.

El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que se revoca el auto apelado y, en su lugar, "se acuerda la competencia judicial internacional para el conocimiento del asunto a favor del Juzgado de lo Mercantil de Lugo".

Según el citado despacho de abogados, esta decisión supone "un varapalo" para DAF, Daimler, Iveco, MAN y Renault-Volvo, las cinco empresas participantes en el cártel de camiones, ya que su estrategia judicial pasaba por llevar a los países de su domicilio social los juicios "con el objetivo de obstaculizar las reclamaciones de los afectados".

De esta manera, las compañías esperaban que al trasladar a los tribunales de sus países de origen los juicios contarían con más posibilidades para "obtener sentencias favorables".

"La Audiencia Provincial de Lugo ha tenido en consideración diferentes normas que consideran que cualquier interpretación que obligue a desplazamientos a lugares alejados puede ser disuasorio para los perjudicados por el daño", ha explicado el socio director de Caruncho, Tomé & Judel, Ignacio Caruncho.

La Comisión Europea sancionó con 2.930 millones de euros a MAN, Volvo-Renault, Iveco, Mercedes-Benz (Daimler) y DAF por haber pactado los precios de venta de sus vehículos y por haber repercutido en el comprador los costes de cumplir con las normas en materia de emisiones contaminantes, tratándose de la multa más alta impuesta por Bruselas hasta la fecha.