Asturias cuenta ya con una Ley de Memoria Democrática que obligará al Principado a asumir los gastos de inhumación de las fosas comunes de la Guerra Civil y del franquismo y que contempla sanciones de hasta 150.000 euros para quienes destruyan dichos enterramientos.

La normativa ha salido adelante este viernes en el pleno de la Junta General del Principado con el voto de IU -que impulsó la iniciativa- PSOE, Podemos y Ciudadanos, mientras que Partido Popular y Foro votaron en contra por considerarla innecesaria y porque ven en ella un uso interesado de la historia que, más que propiciar la reconciliación, ahondará en la división de la sociedad.

De hecho, el portavoz de Foro, Pedro Leal, se ha referido a la ley como la de "Desmemoria democrática" y ha asegurado que supone "la antesala de la próxima ley de memoria de pensamiento único" en la que se parte de "la gran mentira que es decir que se es de izquierdas o no se es democrático"

"Nos quieren imponer la ideología y la historia. No existe la memoria democrática, existe la democracia, y no existe la memoria histórica, existe la historia, y por más que quieran eso no se va a cambiar", ha afirmado el parlamentario forista, para quien "este despropósito y chapuza legislativa" sólo busca "la venganza, la división y el odio y no la reconciliación".

Para el popular Rafael Alonso se trata de una ley "innecesaria e ideológica" porque "no aporta nada y sólo va dirigida a una parte de la sociedad" ya que, según el parlamentario del PP, es producto del "consenso de la izquierda" y, más que una reconciliación "que ya tenemos", propicia la división y polarización de la sociedad.

Por contra, la portavoz de IU, Concha Masa, ha afirmado que intervenciones como la de Leal, "por sí, ya deja clara la necesidad de esta ley" que, a su juicio, sí que busca restañar heridas, la concordia y reconciliación, que cuenta con amplio consenso y que debe ser motivo de orgullo "como reflejo de madurez democrática".

La nueva normativa reconoce a los ciudadanos el derecho a localizar a las personas desaparecidas en Asturias y atribuye al Principado la obligación de tomar las medidas necesarias para hacerlo y asumir los gastos derivados de la identificación de los cadáveres y de su sepelio e inhumación así como de trasladar a la autoridad judicial las pruebas de los posibles delitos.

Los terrenos que ocupan las fosas podrán tendrán consideración de fines de utilidad pública o interés social para permitir su ocupación temporal durante dos años y en los que sean de titularidad privada se buscará un acuerdo con sus propietarios y, en caso de no alcanzarse, se procederá a su expropiación.

En este sentido, el régimen sancionador de la ley considera infracción muy grave -con multa de entre 10.000 y 150.000 euros- la construcción o remoción de terrenos sin autorización donde haya certeza de la existencia de desaparecidos; las excavaciones sin autorización; la destrucción de zonas ya incluidas en el mapa de fosas o de aquellas que constituyeran un hallazgo desconocido.