El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) juzga a partir del próximo miércoles al expresidente del Parlament Roger Torrent y a los diputados de JxCat y ERC que conformaban la Mesa anterior, en la segunda vez que miembros de ese órgano parlamentario se sientan en el banquillo por desobediencia al Constitucional (TC).

Torrent y los miembros de la Mesa que presidió hasta el año pasado están acusados de desoír las advertencias del Tribunal Constitucional que impedían tramitar dos resoluciones a favor de la autodeterminación y de reprobación de la monarquía, con las que el independentismo pretendía dar respuesta política a la sentencia del "procés", en noviembre de 2019.

Es, por lo tanto, la segunda vez que una Mesa del Parlament acaba en el banquillo: la desobediencia al TC en la tramitación de las leyes del "procés" ya costó penas de entre 8 y 20 meses de inhabilitación a los compañeros soberanistas de la expresidenta de la cámara catalana Carme Forcadell.

En esta ocasión, la Fiscalía Superior de Cataluña pide un año y ocho meses de inhabilitación, además de 30.000 euros de multa, para el ahora conseller de Empresa, Roger Torrent, y los exdiputados de JxCat Eusebi Campdepadrós -actual secretario de Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat- y Josep Costa.

A Adriana Delgado, que era miembro de la Mesa por ERC y participó solo en una de las tramitaciones de las resoluciones vetadas por el Constitucional, la Fiscalía le pide un año y cuatro meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa.

En concreto, el ministerio público acusa a los investigados de haber admitido a trámite sendas resoluciones a favor de la autodeterminación y para reprobar la monarquía, "con manifiesta y previamente concertada voluntad de infringir el mandato inequívoco" del Tribunal Constitucional que impedía debatirlas, y a pesar de la "oposición" del resto de miembros de la Mesa.

El juicio, que ya tuvo que aplazarse en una primera ocasión, está previsto que se inicie el próximo miércoles, entre dudas sobre la composición del tribunal, después del incidente de nulidad que Fiscalía ha presentado para que se revoque la recusación del magistrado Carlos Ramos.

A raíz del incidente de nulidad, las defensas de los procesados solicitaron la semana pasada la suspensión del juicio, pero el TSJC ha optado por mantener la vista, pese a que el calendario impide que el recurso de Fiscalía esté resuelto antes del miércoles.

El juicio a la Mesa del Parlament ya fue aplazado el pasado mes de julio para sustituir al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, que fue apartado del tribunal que enjuiciará a la Mesa al verse "comprometida" su "apariencia de imparcialidad" porque en 2018 abandonó un acto donde Torrent habló de "presos políticos".

Un mes después, el TSJC apartaba también al magistrado Carlos Ramos -con los votos particulares contrarios de dos de los seis magistrados de la sala-, al entender que algunas expresiones que utilizó en un auto del proceso revelaban un "apasionamiento personal" y suscitaban "la legítima sospecha de falta de imparcialidad".

Otra de las incertidumbres que planea sobre el juicio a la Mesa deriva de la insólita situación provocada por Josep Costa, exvicepresidente primero de la cámara y abogado de profesión, quien ha renunciado a ser representado por un letrado en el juicio y ha optado por defenderse personalmente.

El TSJC ordenó el pasado mes de septiembre que el Colegio de Abogados asignara un abogado de oficio a Costa, pero el exdiputado recurrió esa decisión y la sala acabó por retirárselo y permitir que sea él mismo quien ejerza su defensa.

• Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A lo largo de la causa, Costa se ha negado a reconocer la autoridad del TSJC para procesarlo, por lo que plantó a la magistrada Maria Eugènia Alegret cuando el pasado mes de septiembre lo citó a declarar como imputado junto al resto de investigados, lo que motivó su detención para que compareciera ante la instructora, trámite indispensable para seguir adelante con la causa penal.

Ese precedente plantea la incógnita de si el acusado optará también por no acudir a su juicio el próximo miércoles, con lo que seguiría los pasos del expresidente catalán Quim Torra, quien el pasado mes de marzo fue juzgado en ausencia por desobediencia tras negarse a sentarse en el banquillo.

La ley permite juzgar a un acusado en ausencia siempre que se exponga a penas de cárcel menores y condenas de inhabilitación inferiores a los seis años, como es el caso de Costa, pero no prevé que el juicio se celebre sin que su defensa esté presente.

Tampoco faculta la ley a detener a un acusado que afronta penas menores para obligarle a sentarse en banquillo -a diferencia de su comparecencia como investigado-, con lo que Costa puede abocar al tribunal a una coyuntura 'diabólica' si el miércoles decide no acudir al Palau de Justícia.