El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, ha puesto su cargo a disposición del Gobierno tras conocer la reapertura de la causa sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, según ha anunciado la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, quien ha señalado que la dimisión "se materializará en el próximo Consejo de Ministros".

Aunque la ministra no se ha pronunciado sobre la causa y ha indicado que dejarán "que la justicia actúe", ha recordado que se trata de "un caso que se ha cerrado ya en dos ocasiones". Fernández, como ex secretario general de Industria de la Junta de Andalucía, es uno de los tres investigados a los que la Audiencia de Sevilla ha ordenado declarar tras reabrir la causa sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han indicado que la Sección Séptima ha estimado el recurso de apelación formulado por la otra empresa que se presentó al concurso, Emerita Resources, contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que a principios de marzo archivó la denuncia penal sobre la adjudicación de la explotación de la mina a la agrupación empresarial México Minorbis.

Cronología de la polémica Aznalcóllar

Todo comenzó el 25 de abril de 1998, cuando el desastre de Aznalcóllar se convirtió en uno de los episodios ecológicos más tristes para el medio ambiente en nuestro país. El motivo fue la rotura de la presa de la balsa de la mina, propiedad de la empresa sueca Boliden AB. Un hecho que provocó un vertido de residuos tóxicos en el Parque Nacional de Doñana (Huelva).

Se estima que la catástrofe hizo que se vertieran más de cinco millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y más de dos millones de aguas ácidas. Los acuíferos se vieron muy contaminados, y se batió el récord mundial de concentración de metales pesados en aves acuáticas. Más de dos décadas después, se da por hecho que la catástrofe pudo evitarse, ya que no faltaron voces en las fechas previas que denunciaban el estado de la mina, y que las autoridades ignoraron. En aquellos momentos, la que fue ministra de Medio Ambiente en el Gobierno de José María Aznar, Loyola de Palacio, criticaba duramente a la empresa sueca en COPE: "Fue una golfada de la empresa que atenta contra el medio ambiente constantemente. Suecia es un país muy respetuoso con el medio ambiente, y esta empresa se dedica a hacer fuera las cochinadas que no le dejan hacer en su país."

Tareas de reconstrucción 

Una vez superado el estado de shock, se comenzaron a tomar medidas desde la Junta de Andalucía y el Estado. Entre ellas, la construcción de tres presas de contención para impedir nuevos vertidos tóxicos a Doñana.

Los lodos fueron depositados en la corta de Aznalcóllar. Se construyó además una depuradora junto al dique de Entremuros para que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sometiera a tratamiento químico y físico a las aguas para neutralizar su pH, eliminar lo hidróxidos de metales pesados y separar las sustancias sólidas. Tras ello, las aguas fueron vertidas al Estuario del Guadalquivir. También se llevaron a cabo una serie de actuaciones complementarias y se estableció un control de calidad ambiental de las aguas subterráneas, las aguas superficiales, el estuario, el aire y los seres vivos.

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Ilegalidades en la apertura de la mina 

No fue hasta hasta más de tres lustros más tarde cuando se reabrió la mina. En 2014, la Junta de Andalucía convocó el concurso público para su reapertura. Un concurso que ganaría la compañía Magtel y Grupo México. No obstante, dicha concesión estuvo sujeta a una investigación en 2015, por las posibles irregularidades en el proceso. Inicialmente, la denuncia interpuesta por una empresa que quedó finalista en la adjudicación, fue archivarse al no apreciarse indicios de prevaricación.

Un año más tarde, en 2016, la Audiencia provincial de Sevilla reabrió nuevamente el caso, trayendo consigo numerosas imputaciones. Ahora, tras conocer la reapertura de la causa sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, ha dimitido uno de los que concedió a Magtel y Grupo México la adjudicación, Vicente Fernández, tras reabrirse por tercera vez la causa. Lo que pueda ocurrir en las próximas semanas es incierto.