El Consejo General de la Abogacía Española ha presentado 21 propuestas en sus alegaciones al anteproyecto de Ley del Derecho de Defensa, entre ellas medidas para sancionar el intrusismo y una reforma del Código Penal para castigar con penas de uno a cuatro años prisión los ataques a letrados en el ejercicio de sus funciones.

En las alegaciones presentadas en el Ministerio de Justicia la Abogacía pide adicionar un apartado que recoja que "a los efectos de la presente ley es intrusismo la realización de actuaciones profesionales sin cumplimiento de los requisitos establecidos legalmente para el ejercicio de la profesión".

Además, cree que esta ley puede ser una oportunidad para regular sanciones ejemplares contra quienes cometan algún acto de intimidación o agresión contra un profesional actuando en el ejercicio de la abogacía y por ello solicita una reforma del artículo 464 del Código Penal y que dichas penas se agraven cuando las agresiones se realicen con armas o cuando causen lesiones graves o riesgo para la vida.

Por otra parte comenta que el anteproyecto de ley aprobado el pasado mes de agosto recoge una amplia protección del secreto profesional como herramienta indispensable en el ejercicio del derecho de defensa pero solicita también una incorporación expresa del abogado de empresa en este ámbito.

En cuanto a los registros de los despachos profesionales entiende necesario que se incluya la presencia del funcionario competente "así como de un representante del Colegio de la Abogacía correspondiente.

Por otra parte considera que el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros adolece de inconcreción en lo referente al amparo colegial.

Explica que en su artículo 20 el texto recoge únicamente que "los colegios profesionales de la Abogacía operarán como garantía institucional al asegurar el correcto amparo de los profesionales en cumplimiento de su misión".

Al Consejo General de la Abogacía esta regulación le parece insuficiente y por eso propone ampliarla con apartados más explícitos como que "la institución colegial amparará al profesional de la abogacía cuando sea perturbado en el ejercicio de su función".

También plantea que la ley recoja todas las garantías para que el ciudadano pueda gozar de la máxima protección ya que estima que este es el texto normativo adecuado para profundizar en la transparencia que debe presidir la relación entre el letrado y su cliente.

Por eso propone la inclusión del derecho del cliente a conocer la identidad y número de colegiación del letrado que le asiste en todas sus actuaciones profesionales.

La propuesta pretende acabar con las distintas formas de prestación de servicios jurídicos en las que el cliente no conoce la identidad de la persona que le atiende, su condición de profesional de la abogacía ni de su colegiación, situación más factible en la contratación online a través de plataformas digitales, explica.

Asimismo, el escrito remitido al Ministerio de Justicia realiza numerosas propuestas de corrección que considera mejoran el texto y evitan ambigüedades e inconcreciones.

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Es el caso de los artículos en los que se recoge la calidad de la asistencia jurídica en los que la Abogacía quiere evitar que el lector interprete el concepto de calidad como un anticipo de garantías sobre un resultado favorable al cliente, "que en el ámbito de la justicia es imposible predecir al cien por cien".