El día uno de septiembre terminan las concesiones de peajes de varios tramos de las carreteras españolas. La AP-7, en los tramos que van desde La Junquera (Gerona) hasta Salou (Tarragona), y de Montmeló hasta El Papiol, en Cataluña, además del de la AP-2 que une Zaragoza con el Mediterráneo, dejarán de ser explotados por la empresa Abertis y serán de dominio público.

El fin de estas concesiones, según la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), aumentará las pérdidas en alrededor de 286 millones de euros este año. En el 2022, estas podrían ascender a los 478 millones. Esto se debe a que el mantenimiento de estas vías, que concentran una gran parte del flujo de tráfico diario aún siendo de peaje, pasará ahora a manos del Estado.

También va a afectar a la capacidad recaudatoria. Al dejar de cobrarse el peaje, también desaparece el cobro del IVA en estas transacciones. Actualmente, el coste del trayecto entre la Jonquera y Montmeló es de 14,80 euros. Esta cantidad puede superar los 30 si, con el mismo origen, se llega por la AP-2 hasta Zaragoza. El Estado recibe aproximadamente 6,30 euros de ese viaje.

Además, va a suponer una pérdida de empleo, dejandose también de pagar los impuestos correspondientes. Abertis ha pactado con los sindicatos 340 despidos, la gran mayoría de ellos vinculados al cobro en las barreras de peaje. Las indemnizaciones por estos despidos, según el acuerdo, serán de un mínimo de 45.000 euros, una compensación lineal de 7.500 euros para los empleados con más de 12 años de antigüedad. Además se prevé un plan de recolocación externa.

Se continúa con el plan de Ábalos

El Ministerio de Transportes es ahora quién se encarga de esta gestión. Desde el Ejecutivo se pretende continuar con la política de no renovar las concesiones de autopistas de pago, implantada por José Luis Ábalos. Decía el por entonces ministro de Transportes que con el levantamiento de estas privatizaciones se eliminarían "las diferencias territoriales" generadas por los peajes.

Esta misma idea le sirvió, en los tres años que estuvo al frente de la cartera, para no renovar otras concesiones de peajes que terminaban en estos años. En diciembre del 2018 acabó con el pago en el tramo entre Burgos y Armiñón en la AP-1. En 2019 fueron los tramos Sevilla-Cádiz en la AP-4 y, en la AP-7, Alicante-Tarragona.

Sorprende la contradicción del Ejecutivo que, junto al fin de estos peajes, pretendía instaurar pagos en las carreteras de alta capacidad. Con esto se esperaba aligerar los 6.000 millones que supone mantener esta red de carreteras. El Gobierno ya se ha comprometido con Bruselas a instaurar el pago por uso en autovía a partir de 2024 a cambio de 140.000 millones. Esta medida se encuentra dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por Pedro Sánchez.

Ramón Valdivia, director general de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), afirmaba que si se establece el pago en ciertas vías estatales "habría que ver también cómo reestructurar toda la carga impositiva de combustible y de otro tipo de tasas para compensarlo." Desde la patronal de transportistas celebran la estrategia de no renovar las concesiones. Entienden que la liberación de costes por uso de autopistas "nos hace más competitivos".