Piden priorizar la gestión pública pero que, si se licitan, se invierta al menos el 20% de rendimientos en combatir la despoblación

Unidos Podemos quiere que el Congreso marque a la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, una hoja de ruta a la hora de volver a adjudicar instalaciones hidroeléctricas, una vez concluyan las concesiones actuales.

Así, el grupo confederal establece en una moción que quieren someter a debate y votación en el próximo Pleno de la Cámara Baja -- previsto para la segunda semana de diciembre-- una serie de condiciones para aquellas instalaciones por las que se opte a la hora de otorgar nuevas concesiones a través de un concurso público.

En todo caso, la intención de Unidos Podemos es que el Gobierno priorice la adjudicación de estos saltos hidroeléctricos a sociedades públicas para su gestión directa, unas sociedades cuya creación reclaman que el Ministerio para la Transición Ecológica facilite y promueva, y que en ellas participen confederaciones hidrográficas, comunidades autónomas y entidades locales.

La moción es consecuencia de la interpelación dirigida por el portavoz de Energía de esta formación, Josep Vendrell (En Comú Podem) a la ministra Ribera en la última sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso.

LOS EMBALSES PUEDEN ACTUAR COMO BATERÍAS DE ALMACENAMIENTO

Según señala Unidos Podemos, hasta 2030 caducarán concesiones por el 8% volumen de agua, por lo que piden clarificar a través de una auditoría los diferentes vencimientos y determinar si se han producido indebidamente prórrogas o se han registrado abusos, ya que existen casos, sancionados incluso, de manipulación del mercado eléctrico a través de actuaciones en los embalses.

El grupo confederal defiende que una gestión pública de las centrales hidroeléctricas permitiría operar con ellas como baterías que almacenan energía para su posterior uso y, además de revertir riqueza generada en el territorio de la instalación, podría actuarse sobre el precio del mercado eléctrico.

Entre las condiciones que el grupo confederal plantea en su moción fijan un plazo de cuatro años para las concesiones, y la realización de inversiones hasta 30 años, imposibilitando que las concesiones puedan superar el período de amortización de las mismas.

REPERCUTIR BENEFICIOS EN EL TERRITORIO

Asimismo, creen necesario establecer la obligación de las centrales de seguir las consignas del operador del sistema --facilitaría la integración de renovables y podría controlarse el precio-- y que, una vez descontado "el beneficio industrial razonable" para el explotador, los beneficios públicos de las concesiones repercutan en el territorio y participen en su destino entidades locales, autonómicas y comunidades de usuarios.

Por último, esperan que se incluya en el desarrollo del marco jurídico que se prepare para organizar la reversión de las instalaciones hidráulicas se fije la obligatoriedad de invertir un porcentaje no inferior al 20% de los rendimientos procedentes de la explotación en el desarrollo económico de la zona y se evite la despoblación.

Asimismo, quieren que se permita la reversión de terrenos una vez se extinga la concesión, la posibilidad de su aprovechamiento y se exceptúe la exención del Impuesto de Actividades Económicas a entidades de derecho público, exclusivamente para la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos.