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Una experta en economía alerta del riesgo de subir al 20% el IVA en los colegios privados

La ministra de Trabajo ha planteado cobrar IVA a la educación y a la sanidad privada. La polémica está servida

Colegio en Bilbao, imagen de archivo
María Bandera
@Mgbandera

Redactora jefe y directora de COPE Cool

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Agencias

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 16:32

La noticia la conocíamos este jueves. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reclamaba al PSOE en el marco de la negociación para los Presupuestos de 2024 acabar con "injusticias fiscales" como la exención de IVA a la educación y la sanidad privadas.

"Queremos democracia económica en materia de ingresos públicos", señalaba a la par que se armaba el revuelo. "Estamos financiando de alguna manera la asistencia a las escuelas privadas, no estoy hablando de la escuela concertada. ¿Por qué la sanidad privada en España tributa al 0 %? ¿Es esto justo?", se preguntaba.

Lejos del sofoco inicial, cabe tomar aliento y ver con distancia estas declaraciones.Carlos Herreralas contextualizaba este viernes en el marco de las elecciones gallegas del próximo domingo. "Seguramente no entrará Vox y tampoco se va a estrenar el Sumar de Yolanda Díaz en su tierra".

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De cero a 20

Y claro, advertía el comunicador, la ministra "está buscando pista y plano y se le ocurren sandeces, barbaridades, como aumentar el IVA a la sanidad privada y de la educación privada, del 0 al al 20%".

"Lo que se va a cargar por el camino esta sinsustancia solamente para pedir plano", lamentaba en este sentido el comunicador de COPE.

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Una medida de que llevarse a cabo podría afectar a "guarderías, colegios y universidades privadas y a la sanidad privada, que incluiría, hospitales, clínicas, centros socio-sanitarios privados, gabinetes psicológicos o consultas médicas privadas", según ha enumerado la experta en economía Pilar García de la Granja.

Por lo pronto "cifran los ingresos en unos 3.000 millones de euros".

Ataque a la libertad de elección

La reacción de los expertos no se ha hecho esperar y lo consideran "una barbaridad". "En España la sanidad y la educación se entienden como derechos fundamentales y por ello no se cobra IVA, ni en los servicios públicos ni en los privados".

Pero además, recuerda la experta económica "puede acabar con cientos de estudiantes educativas y con miles de consultas y clínicas médicas en España", lo que se traduce en "paro".

Tanto el sector sanitario como el educativo, además "creen que se trata de un ataque sin precedentes a la libertad de elección".

Productos de lujo

Yolanda Díaz además ha defendido que los productos de lujo deben de tener una imposición más alta y que en una situación de emergencia climática no tiene sentido que los billetes de avión para trayectos internacionales estén exentos de IVA.

Circunstancias que, según Díaz, suponen un reparto injusto de la riqueza en una sociedad todavía desigual en la que "la mediana salarial es de 1.545 euros al mes brutos".

La ministra ha reconocido que las discrepancias con los socialistas en materia fiscal son profundas en algún caso, como en lo referente a suavizar el impuesto a las grandes energéticas permitiendo que se deduzcan de la cuota inversiones estratégicas, un gravamen temporal que PSOE y Sumar se han comprometido a hacer permanente (al igual que el de la banca) aunque su futuro diseño genera roces entre los socios de Gobierno.

Por otro lado, en el ámbito laboral ve muy "aquilatada" la negociación con los sindicatos para la reforma del subsidio de desempleo, pero cree que será difícil que la patronal se sume al acuerdo porque "tiene un modelo que nada tiene que ver con un modelo de prosperidad de entender los mecanismos de protección social".

Después de que esta reforma fuera derogada en el Congreso con el voto de PP, Vox y Podemos, Díaz cree que "la sensatez se ha de imponer" porque supone ampliar a más colectivos el derecho de cobro de una prestación asistencial, que además aumenta su cuantía.

"Desde luego hay que ser de una madera especial. Yo nunca votaría en contra de una mejora en la vida de los trabajadores de mi país", ha declarado.

Sobre la posibilidad de que el retraso en la aprobación de esta reforma suponga una penalización para España en fondos europeos (ya que se trata de un hito asociado al cuarto desembolso de 10.000 millones de euros), ha dicho que "uno tiene que ser responsable de lo que es (responsable)".

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