PSOE y Sumar creen que se ha elevado al ridículo la "okupación" y que no es el problema

SUMAR considera que los partidos de derechas han elevado al "ridículo" el problema de la ocupación ilegal de vivienda en España y el PSOE entiende que éste no es el verdadero problema del mercado, mientras que PP y Vox plantean desocupaciones exprés y se comprometen a derogar la Ley de Vivienda.

En un debate económico organizado por EFE, el secretario de Economía en la Ejecutiva del PP, Luis Alberto Marín, ha asegurado que actualmente hay 100.000 viviendas "okupadas" en España, donde se tarda año y medio para un lanzamiento, y ha añadido que si llegan al poder se comprometen a desalojarlos en 24 horas y a evitar que se puedan empadronar en la vivienda.

Coincide en ello la vicealcaldesa de Toledo, que ha ejercido como portavoz económica de Vox en el Congreso, Inés Cañizares, que sostiene que gracias a la protección que supone la actual Ley de vivienda para los "okupas" se está contrayendo la oferta de vivienda penalizando a los propietarios honrados y aplaudiendo a los delincuentes.

Mientras, el portavoz económico de Sumar, Nacho Álvarez, sostiene que la derecha ha elevado al ridículo problemas que no existen y apunta que los juicios por ocupación solo representan el 0,01 % del "stock" de vivienda en España y que la oficina contra la "okupación" de Castilla y León no ha recibido ninguna llamada mientras se cierran oficinas de atención a víctimas de violencia de género que recibían miles.

Desde el PSOE creen que con la "okupación" se está desviando la atención y sostienen que la ocupación no es el gran problema del mercado, sino el acceso a la vivienda, ha manifestado Patricia Blanquer, secretaria de Industria, Comercio y Turismo de la Ejecutiva Federal del PSOE.

LEY DE VIVIENDA

Mientras PP y Vox se han comprometido a derogar la Ley de Vivienda al entender que no resuelve los problemas del sector, es intervencionista, restringe la oferta, provoca un alza de los precios e inseguridad jurídica, el PSOE sostiene que esta ley aporta seguridad jurídica, da certidumbre, un marco jurídico estable a las comunidades autónomas y facilita el acceso a la vivienda.

Desde SUMAR apuntan que ahora toca desarrollar la regulación de los alquileres y la construcción de un parque público de vivienda social y proponen dotarlo con 200.000 unidades al año durante la próxima legislatura, además de crear un bono para los hogares de 1.000 euros y una portabilidad hipotecaria. El PSOE insiste en que la Ley de Vivienda pone un freno a la especulación, protege a los vulnerables, incentiva el parque público de vivienda y protege a los más jóvenes.

El PP aboga por promover pacto de Estado en materia de vivienda con comunidades y ayuntamientos, por avales del 95 % para los jóvenes, por vivienda en alquiler o por una ley de seguridad jurídica, mientras que Vox plantea liberalizar suelo no protegido, eliminar el IVA en la adquisición de vivienda habitual, rebajar tributos o impulsar viviendas en alquiler.