La reforma laboral se enfrenta al examen del Congreso de los Diputados en la primera semana de febrero. El Gobierno tiene diez días de plazo para presentar la ley y conseguir el apoyo necesario para aprobar esta reforma laboral. Sacar adelante esta reforma es vital para la recuperación económica de España. La Comisión Europea puso como condición resolver esta cuestión para que el país pueda recibir el siguiente tramo del fondo de recuperación, que es el más elevado de todos los previstos hasta 2026, con un valor de 12.000 millones de euros.

El primer paso fue llegar a un acuerdo con la CEOE y los sindicatos, una tarea difícil, pero que finalmente se consiguió y contó con el beneplácito de la Comisión Europea. Una vez que se llegó a un consenso entre los tres agentes implicados, el Gobierno tuvo que negociar el apoyo en el Congreso de los Diputados y sus socios de Gobierno no van a dar su apoyo gratis. De esta manera, el Ejecutivo se encuentra en una delicada: la CEOE aseguró que si se cambia algo de la reforma retiraría su apoyo y el PNV, Bildu y ERC solo la apoyarán si se incluyen sus demandas. Yolanda Díaz trata de llegar a un acuerdo con los socios de investidura, pero el PSOE condiciona estas negociaciones a que no se produzcan cambios.

Los socios de investidura se oponen a aprobar la norma sin cambios

El Gobierno confiaba en convencer a sus socios para que aprobasen la reforma laboral, pero de momento no dan su brazo a torcer. Para dar el 'sí' a la reforma, el PNV pide que se garantice la prelación de los convenios autonómicos, Bildu añade que se mejora la indemnización por despido y ERC exige que se dignifique la indemnización por despido, se recuperen salarios de tramitación y se acabe con la falsa parcialidad de los contratos, entre otras exigencias.

Todos estos cambios que proponen los socios de Gobierno son incompatibles con la condición que puso la patronal para apoyar la reforma laboral: que no se introduzca ningún cambio en las condiciones pactadas. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aseguró que si en la tramitación se "cambia una coma" no apoyarán la reforma. A esta postura se ha sumado Ciudadanos, partido que se ha posicionado junto a la CEOE y Edmundo Bal, portavoz de la formación, ha asegurado que "si no se toca ni una coma, nuestro voto será un sí".

De esta manera, se abren dos posibilidades para el Gobierno. Por un lado, mantener la reforma laboral sin cambios con el apoyo de la CEOE y con el 'sí' de Ciudadanos en el Congreso. O por otro lado, introducir las exigencias de sus socios de Gobierno (PNV, Bildu y ERC) que supondrían graves cambios en la normal y un gran perjuicio para la patronal, que se posicionaría en contra de la reforma laboral.

La reforma laboral sin cambios tendría una votación ajustada

El Gobierno parece que opta por la primera opción y tener de su lado a la CEOE, la patronal y tener el apoyo de la Comisión Europea. Héctor Gómez, portavoz socialista, ha afirmado que la postura del Ejecutivo es no introducir cambios sobre el texto original, no tramitarlo como decreto si es que se tramita como proyecto de ley y no negociar compensaciones a las formaciones para conseguir el 'sí'. El objetivo según el portavoz es "no negociar nada fuera de lo pactado".

Esta posición le acerca a la vía de Ciudadanos, pero los votos a favor de la formación naranja no aseguraría la aprobación de la reforma laboral. La única exigencia de este partido es que se respeten las demandas de la CEOE, una maniobra con la que Ciudadanos busca volver al centro de la política después de los malos resultados en las diferentes elecciones recientes. Con el apoyo de la formación naranja, la votación a favor no estaría asegurada y en principio serían clave los votos de partidos con menos representación como Más País.

Las cuentas aproximadas establecerían la votación de la reforma laboral con la necesidad de superar unos 173 votos en contra entre el Partido Popular, Vox, ERC, PNV, Bildu, Junts, CUP y BNG. Por tanto, la norma necesitaría 174 votos a favor, algo que podrían lograr entre los 154 diputados del Gobierno de coalición más los 'sí' de Ciudadanos, PDECat, Más País, UPN, Teruel Existe, Coalición Canaria, Nueva Canarias, PRC y Compromís.

PSOE pretende compensar a sus socios con leyes futuras

Sin embargo, adoptar esta postura podría traer al Gobierno otros problemas. Unidas Podemos considera que la reforma laboral se debe aprobar con el apoyo de los socios del bloque de investidura, ya que creen que el 'sí' de Ciudadanos es una "trampa" y quieren "romper" el bloque. Desde el PNV aseguran que la aprobación de la norma con Ciudadanos hace que pierda toda credibilidad y dinamitaría el bloque de investidura con dos años de legislatura por delante y advierten a Pedro Sánchez: "Me tentaría la ropa antes de sacar adelante la reforma laboral con esa derecha casi extrema que representan Ciudadanos y UPN", asegura el presidente del PNV, Andoni Ortuzar.

Desde el Gobierno se insiste en que no se van a producir cambios en la reforma laboral y los socios de investidura aseguran que no se han producido avances. Sin embargo, el Ejecutivo se mantiene confiado de que finalmente estos partidos permitirán que se apruebe la reforma laboral. La baza que maneja el PSOE es compensar a sus socios de investidura con futuras leyes al margen de esta reforma laboral. Héctor Gómez, portavoz del PSOE, ha afirmado que esto "no es un punto y final" y que habrá más leyes para negociar. También ha explicado que el objetivo del Gobierno es modernizar y actualizar las relaciones laborales.

Por tanto, la incertidumbre sobre la reforma laboral continúa. El Gobierno tiene que aprobar esta norma para recibir los 12.000 millones de euros del fondo de recuperación europeo y parece que el objetivo del Ejecutivo es aprobarla en el Congreso de los Diputados sin hacer ningún cambio con el apoyo de Ciudadanos y otros partidos con menor representación. La votación estaría ajustada por la gran oposición que encontraría, pero podría aprobarse sin el apoyo de sus socios habituales de investidura. Esto va a provocar problemas entre el Gobierno de coalición y sus socios de investidura, algo que desde el PSOE pretenden solucionar con concesiones en futuras leyes.