La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha denunciado hoy el retraso en la tramitación parlamentaria de la Ley que establecerá un código sancionador para frenar la morosidad entre las empresas privadas.

"Entendemos que los trámites para poner en marcha una ley puedan dilatarse en el tiempo, pero siempre dentro de unos plazos comprensibles", ha dicho a EFE el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, para quien resulta "absolutamente inadmisible" que casi un año y medio después de su registro la proposición de Ley siga parada.

Cañete recuerda que hay dos propuestas en tramitación, la presentada en el Senado el 7 de abril de 2017 por el PDeCAT y la registrada Congreso el 9 de mayo del mismo año por Ciudadanos, que están pendientes de ser unificadas en la Comisión de Economía de la Cámara Baja.

"Alabamos el trabajo que los grupos políticos están realizando para aunar ambas en una única. Confiamos en que el resultado de este esfuerzo derive en una Ley sin trampas, que definitivamente sea eficaz ante los impagos a proveedores", ha afirmado.

Ante esta situación, "ruega" a los grupos políticos un esfuerzo adicional para agilizar la constitución de la ponencia y la tramitación de la Ley, ya que sus asociados están preocupados "por la aparente falta de interés en la concreción de la norma".

Para el presidente de la PMcM -que representa cerca de un millón de empresas con una facturación de unos 150.000 millones de euros y dan empleo a 4,5 millones de personas-, el régimen sancionador es la única manera de conseguir un mayor cumplimiento del plazo de pago máximo legal de 60 días fijado para operaciones entre empresas privadas.

"Con las sanciones se evitarían muchos de los malos hábitos de pago que existen en nuestro país, acabando con las prácticas abusivas de imponer plazos de pago leoninos", ha añadido.

Cañete ha señalado que la Comisión Europea publicó el pasado verano un informe sobre la morosidad en las transacciones entre empresas según el cual España es el país con los plazos de pago más largos de la zona del euro.

Según Cañete, este estudio europeo incide en que dar a la Administración la capacidad de sancionar directamente a las empresas evita que el acreedor tenga que asumir la responsabilidad de actuar contra el deudor, que es su cliente.