El proyecto de ley de reducción de la temporalidad en el sector público ha sido aprobada sin cambios por la Comisión de Función Pública en el Senado, en una sesión en la que los grupos de la oposición han coincidido en pedir cambios y en resolver la "inseguridad jurídica" que provocará la normativa.

Así lo han advertido este lunes representantes de estos grupos, que han reconocido no obstante que el texto -que ya había recibido el visto bueno del Congreso- recoge mejoras respecto a versiones anteriores.

El documento ha salido adelante con 16 votos a favor, 13 abstenciones y ningún voto en contra, y ha sido aprobado sin incluir ninguna de las 109 enmiendas propuestas.

La ley, que desarrolla un real decreto, pretende reducir la temporalidad del sector público al 8 %, desde el 30 % actual, lo que conlleva un proceso de estabilización que podría afectar a más de 300.000 plazas estructurales ocupadas por personal temporal y que deberán ser fijas antes del 31 de diciembre de 2024.

A lo largo del trámite parlamentario se ha establecido que las administraciones convocarán por el sistema de concurso, sin oposición, las plazas ocupadas "con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016", es decir permite a interinos con esta antigüedad optar a plazas fijas sin oposición sino vía concurso de méritos.

La senadora del PP Esther Basilia del Brío ha lamentado el rechazo de los grupos que apoyan al Gobierno a las enmiendas, y ha incidido en que el texto adolece de una mayor participación por parte de comunidades autónomas, entidades locales y otras instituciones.

Ha atribuido esta actitud a la necesidad de encontrar una "solución rápida" debido a que forma parte del conjunto de medidas que el Gobierno se comprometió con Bruselas a aprobar en el marco del Plan de Recuperación.

"La ley puede convertir al Gobierno en la Empresa de Trabajo Temporal (ETT) más injusta de España", ha defendido la senadora, cuyo grupo también ha advertido de la "litigiosidad" que creará la legislación sino se resuelve los problemas de "inseguridad jurídica" que plantean, en su opinión, algunas partes del texto.

También José Luis Muñoz, de Ciudadanos, ha advertido de los conflictos judiciales que se abrirán una vez aprobada la ley si no se introducen mejoras y ha citado como ejemplo que no recoja la concesión de una indemnización a aquellos interinos que lleven más de tres años en esa situación.

"La ley recoge avances respecto al 'Icetazo' -en alusión al proyecto planteado inicialmente por el ministro Miquel Iceta-", ha admitido el senador del Partido Aragonés Clemente Sánchez-Garnica, quien ha recordado que España tiene "abiertos dos procedimientos sancionadores" por parte de la Unión Europea (UE) por incumplir sus obligaciones en materia de empleo público.

Las críticas también han llegado desde el grupo parlamentario Izquierda Confederal (que agrupa a Compromís, Más Madrid, Geroa Bai y En Comú Podem, entre otras formaciones), cuyo portavoz, Carles Mulet, ha pedido al Ejecutivo "respeto" al Senado y le ha instado a tener en cuenta las enmiendas de los grupos para mejorar el documento.

"El margen para que prosperen es nulo. Es una práctica que mina la confianza que tenemos en el actual Gobierno (...) Les pedimos que rectifiquen, porque hablamos de mejorar la situación de muchísimas personas", ha esgrimido Mulet, quien, no obstante, ha reconocido que el texto final está "más cerca" de su posición de partida que la que tenía el Ejecutivo en un principio.

Por el contrario, el senador socialista Santiago José Castellà ha defendido que el proyecto de ley sí ha sido consensuado y ha recalcado que el problema de la interinidad se concentra en ayuntamientos, diputaciones y gobiernos regionales, ya que "la Administración General del Estado cumple con creces el mandato de cuotas de temporalidad". EFE

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