El Gobierno ha prorrogado, un año más, el límite a la subida del precio del alquiler en nuestro país. En concreto, se cifra en el 2% en los contratos que se renueven y afecta desde el pasado marzo como tope obligatorio a los grandes tenedores (propietarios de diez o más viviendas), mientras para el resto se aplica cuando no hay otro acuerdo entre las partes.

La medida, que se va a extender durante todo el año 2023, forma parte del real decreto ley para hacer frente al impacto de la guerra de Ucrania y está dirigida a proteger a los inquilinos del aumento desbocado de la inflación. Para ello, establece que los contratos a los que corresponda su revisión anual no se revalorizarán en función del IPC, sino del Índice de Garantía de Competitividad (IGC), creado en 2013 con un suelo del 0% y un techo del 2%.

¿Cómo afecta la medida a los inquilinos? ¿Y a los propietarios? Encontrar un piso en Madrid o Barcelona a un precio que sea asequible parece misión imposible, los caseros están endureciendo las condiciones al tiempo que la oferta se ve reducida. "Me piden un mes de fianza y dos de garantía, y bueno el mes que entro a vivir, tengo que dar cuatro mensualidades", explica una joven respecto a la situación que se encuentra a la hora de alquilar.

Además, el temor a perder ingresos, con la inflación por las nubes, ha provocado que se anulen contratos de arrendamiento para volver a hacerlos con el precio de mercado. Beatriz Toribio, directora de Masteos, explica cómo deberían gestionarse estas situaciones: "El precio el alquiler puede subir más de un 2% si propietario e inquilino están de acuerdo, lo que ocurre es que muchos casos evidentemente los inquilinos se opondrán, pero lo recomendable es que haya acuerdo".

En cuanto a la medida prorrogada por el Gobierno, la Asociación de Propietarios Asval denuncia que supone la privación del derecho de propiedad de más de 2.000.000 de propietarios de viviendas en alquiler en España. No se les está ofreciendo ningún tipo de compensación, prevén un aumento de precios y la retirada de viviendas por el intervencionismo del Estado, denuncian.