La Seguridad Social quiere retrasar un año la edad ordinaria de jubilación, desde los 62,7 años actuales, como una de las medidas necesarias a adoptar para lograr la sostenibilidad del sistema, si bien permitiría las jubilaciones anticipadas siempre que impliquen una mayor cotización.

En un encuentro con medios, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha coincidido con la propuesta avanzada esta semana por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de aplicar medidas para fomentar el retraso de la edad efectiva de jubilación, sin tocar la edad legal que alcanzará los 67 años en 2027.

El Gobierno es partidario de modificar los requisitos de acceso a la pensión, permitiendo una jubilación anticipada cofinanciada, es decir, en aquellos colectivos que acuerden aplicar unas mayores cotizaciones.

Respecto a la propuesta de la AIReF para extender el periodo de cómputo de años de vida laboral para el cálculo de la pensiones, pasando de los 25 años actuales a los 35 años, el Gobierno se muestra favorable y considera que no debería "producir efectos negativos".

Así se desprende del documento que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha enviado a la Autoridad con su opinión, en la que considera que el déficit de la Seguridad Social, que actualmente ronda los 18.000 millones (1,6 % del PIB), no tiene únicamente un carácter estructural, sino que le afectan también elementos coyunturales.

El Gobierno comparte las reflexiones de la AIReF sobre los problemas demográficos de España, considerando "necesario un refuerzo considerable" de las políticas de familia y una política migratoria "abierta", alertando de los "riesgos" derivados de la restricción de entrada de inmigrantes.

Asimismo, coincide con la evolución del gasto en pensiones de la AIReF, situándolo en el 13,4 % del PIB en el año 2048, un incremento en el que influirán tanto el incremento del número de pensionistas derivado del babyboom y las mejores cuantías que percibirán por sus mejores bases de cotización.

Entre los factores coyunturales, el Gobierno atribuye el incremento del déficit al descenso de los ingresos derivado de peores salarios y aumento de bonificaciones y reducciones de cotización, así como a las menores aportaciones de los cotizantes desempleados, derivadas de cambios normativos de los últimos años.

Además, añade el documento, una cuarta parte de las personas que se jubilan lo hacen "obligadas por normativas inexplicables o a punto de extinguirse", como la jubilación parcial.

Respecto a la inyección financiera al sistema por parte del Estado, el Gobierno estudiará en el marco del Pacto de Toledo y del diálogo social qué gastos se pueden financiar con cotizaciones o con impuestos, al tiempo que cree que las reformas deberán afectar a otras prestaciones como las de incapacidad o viudedad.

Así, apuesta por "aprovechar mejor la capacidad" de los individuos que acceden a las prestaciones de incapacidad en lugar ofertarles la salida del mercado de trabajo, así vincular la pensión de viudedad con las rentas personales