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El Gobierno impedirá a los supermercados hacer promociones sin el acuerdo de los productores

La nueva normativa obligará a los operadores de la cadena agroalimentaria a abonar "un precio igual o superior al coste de producción" 

El Gobierno impedirá a los supermercados hacer promociones sin el acuerdo de los productores

 

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 25 feb 2020

El Gobierno reforzará los mecanismos de control sobre los costes asociados a la producción y venta de alimentos e introducirá nuevas exigencias a las promociones en los supermercados, como parte del paquete de medidas que prevé aprobar para aliviar la crisis del campo.

Estas medidas están incluidas en un borrador del real decreto-ley, al que ha tenido acceso Efe, y cuya aprobación está prevista para mañana, después de pasar por el Consejo de Ministros. Una de las novedades es que se hará pública la identidad de las empresas que cometan infracciones "graves y muy graves" a la Ley de la Cadena Alimentaria con fines "disuasorios pero también punitivos, puesto que el elemento reputacional es esencial en el sector y procede que el público conozca los operadores que han sido objeto de sanción".

Además, la nueva normativa obligará a los operadores de la cadena agroalimentaria a abonar "un precio igual o superior al coste de producción" del anterior eslabón, de forma que no se pueda comercializar a un precio inferior. No obstante, el documento precisa que se prohíbe al eslabón que realice la venta final del producto "repercutir a ninguno de los operadores anteriores" costes derivados de su política comercial en materia de precios.

Para calcular ese coste de producción -que a partir de ahora se exigirá de forma expresa que figure en los contratos- se tendrá en cuenta una serie de "factores objetivos" que, en el caso de las explotaciones agrarias, abarca el gasto en semillas, fertilizantes, combustibles, energía, maquinaria, alimentación animal o la mano de obra, entre otros. El borrador igualmente restringe las actividades promocionales -habituales entre las cadenas de supermercados-, ya que exige que exista un acuerdo con el productor, que haya un interés mutuo y que no se induzca a error "sobre el precio e imagen de los productos" para no perjudicarlos. "Los operadores deberán identificar su precio claramente en la información publicitaria, en la cartelería y en los tiques de compra, para que no pueda dar lugar a equívocos, de tal forma que el consumidor tenga conocimiento exacto del alcance de la campaña" y evitar, así, "que se desbarate la percepción sobre la cadena de valor en el sector, banalizando la actividad", reza el documento.

El Ejecutivo detalla que estas novedades regulatorias se anticipan a la "reforma en profundidad" que se realizará de la Ley de la Cadena, para transponer la directiva europea sobre prácticas desleales en el sector. El paquete de medidas también recoge una bonificación para aquellos empresarios que conviertan contratos temporales de trabajadores eventuales agrarios en contratos indefinidos bajo la modalidad de fijos discontinuos, con el objetivo de facilitar una mayor estabilidad al personal empleado en el campo. Además, aplica un cambio en la calificación fiscal de las ayudas que se dan a la incorporación de jóvenes agricultores, dentro del Marco Nacional de Desarrollo Rural, para que los beneficiarios no tengan que pagar el impuesto de una sola vez y puedan fraccionar el pago.

El Gobierno, asimismo, cambiará la Ley de Pesca Marítima del Estado para que la sanción a quienes vendan moluscos de talla o peso inferior a la reglamentaria -cuando la cantidad sea menor al 10 % del volumen total comercializado de dicha especie- sea calificada de "leve" y no "grave" como ahora, ya que la infracción implicaba la pérdida de todas las ayudas del Fondo Marítimo y Pesquero. Este mismo decreto-ley consigna también medidas ya anunciadas, como reducir de 35 a 20 las peonadas exigidas en Andalucía y Extremadura, para tener acceso al subsidio agrario o la ampliación del ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo para que puedan controlar "los alojamientos y locales de descanso" de los temporeros.

El documento llegará al Consejo de Ministros después de más de cuatro semanas de movilizaciones por parte de las organizaciones agrarias, que protestan por la grave crisis que atraviesa el sector debido a la caída de los precios en origen, las dificultades para exportar como consecuencia de los nuevos aranceles en Estados Unidos y el aumento de sus costes de producción, entre otros.

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