Cambios en la entrada en vigor de la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz: por la situación de Pedro Sánchez

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, la gran promesa de Yolanda Díaz desde el inicio de la legislatura, está atravesando su momento más crítico. Lo que parecía un hito social para el Gobierno de coalición se ha convertido en un dolor de cabeza político. La medida, que iba a debatirse en un pleno extraordinario el próximo 22 de julio, ha quedado atrapada en una red de presiones cruzadas entre la patronal, la oposición y, sobre todo, Junts, el socio parlamentario cuya negativa puede tumbar el proyecto. Y ahora, el contexto judicial y político que rodea a Pedro Sánchez añade una nueva capa de incertidumbre.

La presión de Junts lo cambia todo

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Junts ha dejado claro que la aprobación de la reducción de jornada depende directamente de las concesiones del Gobierno a Cataluña. La formación que lidera Carles Puigdemont no ha dudado en vincular el futuro de esta medida al cumplimiento de sus exigencias territoriales. La diputada Miriam Nogueras ha reafirmado el rechazo de su grupo, calificando la propuesta como “nociva para las pymes catalanas” y asegurando que el nuevo registro horario “no se adapta a la realidad empresarial de Cataluña”.

Desde el partido independentista consideran que la ley no tiene recorrido en su estado actual y mantienen su enmienda de totalidad, dejando claro que “el texto debe devolverse al Gobierno”. De momento, Junts asegura que “todo sigue igual”, a pesar del aparente optimismo de Yolanda Díaz tras su última reunión con los representantes del partido.

Pero lo cierto es que el apoyo de Junts es clave para aprobar la reforma en el Congreso de los Diputados, y el “no” de los de Puigdemont puede ser definitivo. Más aún cuando el Gobierno, golpeado por los casos de corrupción que cercan a altos cargos y con la figura de Sánchez debilitada, no puede permitirse un nuevo revés parlamentario.

Trabajo, atrapado entre la patronal y la crisis política

En paralelo al pulso político, el Ministerio de Trabajo sigue sin cerrar un acuerdo con la CEOE. La patronal, ahora bajo la presidencia de Ángela de Miguel, insiste en que no aceptará una reducción de jornada “impuesta por el Gobierno” y alerta de su impacto negativo en la competitividad empresarial. El rechazo es total y la presión sobre Díaz es creciente, mientras los empresarios insisten en que la medida debe contemplar compensaciones para las pymes.

Pese a este bloqueo, la vicepresidenta segunda tiene un plan B preparado. Si la ley no supera el trámite parlamentario, impulsará un nuevo sistema de registro horario vía decreto, como ya adelantó en entrevistas anteriores. El control de la jornada pasaría a ser digital, obligatorio y sin posibilidad de manipulación por parte de la empresa. De hecho, los delegados sindicales recibirían copias de los registros y se obligaría a detallar si las horas fueron efectivamente trabajadas o no.

Esta estrategia, según fuentes de Trabajo, busca lanzar un mensaje claro: el Gobierno legislará en materia laboral, con o sin apoyo parlamentario. Pero también es una maniobra para presionar a la patronal a negociar desde una posición más realista. “Si no quieren la imposición, tendrán que ceder algo en la ley”, deslizan desde el entorno de Díaz.

En definitiva, lo que comenzó como una promesa estrella de Sumar se ha convertido en un campo de batalla político. A la falta de consenso con los empresarios se suma ahora el chantaje parlamentario de Junts y el debilitamiento del presidente del Gobierno, cada vez más cuestionado por la opinión pública. El futuro de la reducción de jornada, y quizá de Yolanda Díaz como referente político, dependerá de si Pedro Sánchez es capaz de contener la tormenta y pagar el precio que exige Cataluña. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo. Literalmente.