Alfonso Muñoz Cuenca, experto en pensiones: "Penalizan a trabajadores que han cotizado muy por encima de lo requerido"

El Congreso de los Diputados ha aprobado la semana pasada una moción, presentada por Podemos, que insta al Gobierno a eliminar los coeficientes reductores de las jubilaciones anticipadas para trabajadores con más de 40 años cotizados. La propuesta salió adelante con el voto a favor de la mayoría de los grupos, incluyendo PSOE y Sumar, mientras que PP y Vox se abstuvieron. Esta iniciativa parlamentaria es el resultado de la lucha constante de la asociación ASJUBI 40, que representa a más de 900.000 pensionistas en España y lleva décadas reclamando el fin de lo que consideran una penalización injusta y vitalicia.

Una penalización 'injusta' a debate

Numerosos expertos en pensiones, como Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social, en su canal de YouTube @almucuen consideran que aplicar estos coeficientes reductores a trabajadores con largas carreras de cotización “atenta contra el principio de contributividad de nuestro sistema público de pensiones”. Este pilar fundamental se basa en que, a mayor contribución, mayor debe ser el importe de la pensión. Por tanto, penalizar a quien ha cotizado durante más de cuatro décadas contradice la lógica del sistema.

El actual sistema de pensiones penaliza a trabajadores que han trabajado muy por encima del periodo requerido

Alfonso Muñoz Cuenca

Experto en pensiones

Parte del Gobierno ha argumentado que eliminar esta penalización tendría un importante impacto económico. Sin embargo, Muñoz Cuenca plantea una reflexión: “¿No deberían repararse las injusticias, independientemente de su valor económico?”. Según el experto, “lo que es evidente e innegable es que el actual sistema de pensiones penaliza a trabajadores que han trabajado muy por encima del periodo requerido”. En muchos casos, estos trabajadores se han visto obligados a solicitar la jubilación por motivos de salud o tras un despido.

¿No deberían repararse las injusticias, independientemente de su valor económico?

Alfonso Muñoz Cuenca

Experto en pensiones

Las cifras de la desigualdad

La injusticia se hace evidente con ejemplos concretos. Un trabajador que se jubila en la edad ordinaria con solo 26 años cotizados percibe el 76% de su pensión. En cambio, una persona con 45 años de cotización que se jubila anticipadamente cuatro años antes también recibe el mismo 76%. Es decir, este último trabajador percibe el mismo porcentaje habiendo cotizado casi el doble de años que el primero.

Las diferencias también son notables al comparar con el régimen de Clases Pasivas. Un funcionario puede jubilarse con el 100% a los 65 años y con 35 años cotizados. Un trabajador del Régimen General, en cambio, necesita 36 años y medio cotizados y 67 años de edad. Si un funcionario se jubila dos años antes, su penalización es del 7,3%; para un trabajador del Régimen General que se jubila dos años antes, incluso con 40 años cotizados, la penalización puede alcanzar el 19%.

Esta disparidad tiene un gran impacto económico a lo largo de la vida del pensionista. Un estudio de ASJUBI 40 revela que, con una pensión media de 1.500 euros, un trabajador de Clases Pasivas con 35 años cotizados podría cobrar unos 800.000 euros en total. Por su parte, un trabajador del Régimen General con 45 años cotizados y jubilado cuatro años antes recibiría 582.000 euros, menos incluso que quien se jubila en la edad ordinaria con menos años de aportación.

El impacto económico y el futuro de la reforma

En 2021, el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cifró el coste de esta medida en 7.200 millones de euros anuales. Su informe argumentaba que, así como retrasar la jubilación tiene ventajas, adelantarla debe tener un coste. También señalaba que solo el 23% de los beneficiarios serían mujeres y que el sistema ya ofrece ventajas a las carreras largas, como poder jubilarse a los 65 años en lugar de a los 67.

A pesar de estos argumentos, el debate sobre la equidad sigue abierto. Además, la eliminación de la penalización no solo supondría un gasto, sino también un ingreso. Los expertos señalan que los pensionistas son consumidores de proximidad, por lo que un aumento en sus pensiones impulsaría los negocios locales y la economía nacional, generando una mayor recaudación a través del IRPF y el IVA. Con la moción aprobada, el debate está servido y la pelota está en el tejado del Gobierno para decidir si corrige o no esta situación.