Desde el 12 de julio de 2017, la mayor entidad que se ocupa en España de los derechos de autor, SGAE, ha recibido del Ministerio de Cultura 13 requerimientos y un apercibimiento, principio del fin de una intervención anunciada ante "incumplimientos" tan "graves" como no adaptar sus estatutos a la normativa vigente.

La entidad, que recauda al año entre 250 y 300 millones, según el ministro de Cultura, José Guirao, recibió el pasado 27 de septiembre el apercibimiento de Cultura para que modificara sus estatutos y la forma de reparto de la recaudación entre los socios.

Cultura demandaba que se constituyera una junta directiva que garantizara el respeto a todos los derechos, incluido el de voto electrónico, pero los socios rechazaron en la asamblea general el pasado 27 de diciembre su adaptación a la Ley de Propiedad Intelectual, cuya reforma había sido aprobada en noviembre para incluir dos directivas europeas.

El ministerio ha anunciado hoy que ha pedido a la Audiencia Nacional autorización para intervenir la SGAE y, de forma cautelar, la remoción de los órganos de gobierno de la entidad.

Estos son los tres motivos fundamentales que han derivado, tras los sucesivos requerimientos de información y el apercibimiento, la petición al juez de la intervención de la entidad, fundada en 1899 con el nombre de SAE.

- Modificación de estatutos

La adaptación de los estatutos al Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español dos directivas europeas, ha sido el principal desencadenante del apercibimiento y de la posterior petición al juez de intervención de la entidad.

El 27 de diciembre, la SGAE celebró, "in extremis", una asamblea general para hacer una modificación "de mínimos" que asumiera lo establecido por la normativa europea, básicamente que esas entidades deben incorporar un órgano de control interno, integrado por personas ajenas a la entidad, que vigilará la ejecución de su presupuesto y el reparto de la recaudación a los socios.

A pesar del riesgo y de que el presidente de la entidad desde octubre, el músico José Ángel Hevia, advirtió que su aprobación era la oportunidad de "salvarse" los socios votaron "no" al cambio.

- Reparto entre los socios de la recaudación

La SGAE debería haber adoptado las medidas que permitieran que el reparto de los derechos "por la comunicación pública de obras de su repertorio en televisión" se adecuada a lo dispuesto en la ley.

En definitiva, se trata de controlar la emisión de música en horas nocturnas porque, como ha recordado hoy el ministro de Cultura, "el 70% de la música con cesión de derechos de artistas es entre las 02:00 y las 06:00 horas, cosa absolutamente desproporcionada".

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga el presunto fraude, cometido entre 2006 y 2011, de 100 millones de euros por el cobro de derechos en la llamada "rueda de las televisiones", es decir emisión de música en programas de la franja nocturna de algunas cadenas.

Según la nueva normativa, las entidades de gestión como la SGAE no podrán repartir más de un 20 % de lo recaudado por cada autor por la emisión de su obra en un horario con "ausencia de audiencia significativa".

Se trata del mismo tope impuesto por el laudo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) del año pasado.

El pasado 13 de febrero, SGAE envió a Cultura la información que le había requerido el ministerio una semana antes sobre los anticipos solicitados por 250 autores y 12 editores.

El nuevo requerimiento de Cultura estaba fundamentado en que la asamblea general de socios de diciembre no había asumido el reparto de los derechos de ejecución efectuado el 10 de diciembre de 2018 ni lo dispuesto en una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 54 de Madrid, del 27 de diciembre pasado.

- Habilitación del derecho al voto electrónico

En su requerimiento del 19 de julio, Cultura ya advertía a la SGAE de que tenía que habilitar para sus 22.000 socios un sistema de voto electrónico para los comicios que preparaba para el 26 de octubre, un derecho que no se habilitó.

Cultura adelantó que el incumplimiento conllevaría un apercibimiento -corrección disciplinaria- "previo a la revocación de la autorización de la SGAE para operar como gestor de derechos" y la "remodelación" de sus órganos de gestión.

SGAE decidió recurrir ante la Audiencia Nacional el apercibimiento, y el pasado 28 de enero se conoció que el tribunal había decidido rechazar su pretensión de paralizarlo.