La comisión de expertos promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sobre el futuro del Valle de los Caídos propuso en 2011 exhumar los restos de Franco y abordar un proceso de "resignificación" del enclave que ya auguraban muy complejo, bajo el precepto de "explicar y no destruir" el conjunto.

Ocho años después, sus conclusiones aun sirven como guía para resolver la enorme ecuación abierta por una construcción que "almacena sufrimiento y sangre", como apuntaba el documento, con 33.847 personas enterradas, un tercio de las cuales sin identificar, en su mayoría combatientes de los dos bandos de la Guerra Civil.

El problema sigue siendo que el monumento -con su basílica, su enorme cruz de 150 metros visible a kilómetros de distancia, sus columbarios y su abadía- nació como una memoria "de parte" y "excluyente", remarcaba el informe, y aunque muchos republicanos fusilados fueron inhumados allí a la par que soldados del bando nacional, su presencia nunca se ha visto como reconciliatoria.

Todas las recomendaciones de los doce expertos fueron unánimes salvo el traslado de los restos del dictador, ya que en un voto particular tres se opusieron a la exhumación.

Feliciano Barrios, Pedro González-Trevijano y el "padre" de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón rechazaron esta medida al sospechar que contribuiría a "dividir y radicalizar la opinión pública".

Sí compartió todo el equipo el resto de propuestas, como trasladar los restos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, del lugar preeminente que ocupan en la Basílica, crear un centro de interpretación fuera del recinto e instalar un memorial en la explanada a partir de un proyecto elegido mediante concurso público.

La "dignificación" del cementerio -con zonas en mal estado, restos mezclados y áreas afectadas por humedades- figura desde entonces como uno de los mayores retos, al igual que la devolución a los familiares de los restos de sus allegados cuando así lo reclamen.

La comisión alertaba de que "el deterioro de las criptas y de los columbarios, unido al volumen de restos enterrados, hace prácticamente imposible como norma general la identificación individualizada".

En 13 millones de euros cifraron la inversión necesaria para evitar la ruina de un conjunto cuya situación sigue siendo muy delicada, tanto en el exterior, con las imponentes esculturas religiosas de Juan de Ávalos muy dañadas, al igual que el interior, afectado por humedades, filtraciones y derrumbes.

El informe de los expertos insistía en que cualquier actuación sobre el Valle debía abordarse con el máximo consenso político y social y hacía hincapié en la necesidad de modificar el régimen jurídico de la Fundación que regula el conjunto monumental, así como firmar un nuevo convenio con la Iglesia, ya que el vigente data de 1958.

Copresidían la comisión los catedráticos Virgilio Zapatero y Pedro González-Trevijano.

Sus vocales fueron la filosófa Amelia Valcárcel, el jurista Miguel Herrero y Rodríguez de Miñon, los catedráticos Carme Molinero, Alicia Alted, Carmen Sanz y Ricard Vinyes, además del profesor Manuel Reyes y del antropólogo social Francisco Ferrándiz, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de los historiadores Feliciano Barrios e Hilari Raguer, este último monje benedictino.

Actuó como secretario Carlos García de Andoin, director adjunto del Gabinete del entonces ministro de la Presidencia, Ramón Jaúregui.