Los funcionarios de prisiones protestan este viernes frente a las principales cárceles catalanas. Lo hacen después de que el miércoles un interno de la cárcel de Mas d'Enric, en Tarragona, asesinara a una cocinera y después se suicidara.

Los funcionarios exigen la dimisión de la consejera de Justicia de la Generalitat y del director de Medidas Penales y Reinserción, al tiempo que denuncian la falta de medios para trabajar con seguridad.

Entienden que hay que tener como objetivo la reinserción, pero no debe ser entendida como una competición a ver quien rehabilita más. Aseguran al jefe de Interior de la Cadena COPE, Juan Baño, que "se aplican criterios políticos antes que técnicos y eso en una Cataluña que con 8.000 presos registra el triple de agresiones que el resto del Estado con 45.000".

Los funcionarios están protestando con hogueras, con cortes en los accesos a varias prisiones en Cataluña, y protestas en las puertas de las cárceles de toda España, porque el caso por el que protestan, el asesinato Nuria, la cocinera de Mas d'Enric, ha tenido lugar en una prisión catalana, pero los funcionarios creen que podría haber ocurrido en cualquier punto de España.

El número de presos disminuye y el de agresiones crece, 2023 cerró con una cifra récord de agresiones a los funcionarios en las cárceles españolas: 508 agresiones en las dependientes del Ministerio del Interior, un 12 % más que las cuantificadas en 2022; 10 de ellas graves.

Son datos oficiales de Instituciones Penitenciarias. Es una agresión cada 17 horas. Joaquín Leyva, de ACAIP Prisiones, apunta, en COPE, la posible causa: "hay una política penitenciaria que atiende más a la estadística que a la realidad, no está teniendo en cuenta lo que es el tratamiento individualizado que deben tener los internos si no se está haciendo una política general, que quizás sea adecuada para el 80- 85 % de los presos, pero obvia ese 15 % que es el que provoca incidentes graves".

Las prisiones de Andalucía, Aragón y Castilla y León batieron récords de agresiones el año pasado. El Puerto 3, en Cádiz y Zuera, en Zaragoza, encabezan la lista. Un funcionario de prisiones no tiene nuestro país la condición de agente de la autoridad.

En España tenemos 92 centros penitenciarios y el número de internos en ronda los 50.000, esto significa que en algunas cárceles la ratio es de 1 funcionario por cada 100 presos.

¿Cómo es posible que un preso en proceso de reinserción haya matado a Nuria?

¿Cómo es posible que haya pasado un caso así? Efectivamente, "esto se veía venir, no es normal", afirman trabajadores y funcionarios de prisiones a COPE que "a un preso con antecedente y con intentos de fuga lo pongas a trabajar para su reinserción en un departamento en el que manejas cuerdas, o elementos que facilitan esa reincidencia. Mucho menos cuando puede estar en juego la vida de terceras personas".

En este caso, efectivamente, el de Nuria, de 48 años. Con ella trabajaba en la cocina, Julián, de origen rumano. La mató y se suicidó. Cumplía condena de 11 años por degollar a otra mujer; se le atribuía buen comportamiento y le quedaban tres años para licenciarse.

"Faltan filtros a la hora de asignar estas tareas", afirma Francesc de la Asociación Marea Blava: "tiene que haber filtros, más de los que hay, que no solo valúen el hecho de si el interno hace mucho tiempo o poco que está trabajando, la necesidad de ingresar dinero; también se tiene que mirar su perfil psicológico, criminal, en el momento de determinar qué ocupación desarrolla este interno dentro de un centro penitenciario".

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