Primer Pregón de 2023, un año que va a ser muy intenso para todos los agricultores y ganaderos y también para los consumidores, por aquello de la subida de precios que mucho me temo va a continuar, por lo menos en los próximos meses. Y el nuevo año nos va a traer, con carácter general, rebajas en la cantidad de dinero que llegará a la mayor parte de las explotaciones que se benefician de las ayudas de la PAC. Se sabrá a finales de febrero, cuando desde el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) cuelguen en su página de internet lo que corresponde a cada uno. De entrada, todos los beneficiarios sufrirán un recorte cercano al 25 por ciento sobre el montante del año pasado, que se destinará a financiar los llamados eco-regímenes; para recuperar en todo o en parte ese importe que se detraerá habrá que acogerse a alguno de estos instrumentos, lo que supondrá más carga burocrática y más costes económicos. También habrá que tener en cuenta las posibles subidas o bajadas en función del cambio de las regiones productivas.

Mientras tanto, el año ha comenzado cargado de novedades en las reglas del juego porque ya está vigente la nueva PAC y algunas otras normas. La confusión es la nota dominante a fecha de 7 de enero. Y no solo la confusión, sino también la desidia de algunas Administraciones. Es lo que ha sucedido en los últimos días en la Consejería de Agricultura de Extremadura con las autorizaciones para quemar los residuos agrícolas procedentes de las podas. En teoría, las quemas están prohibidas con la excepción de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas. Pues bien, en la administración presidida por el señor Vara se han hecho los remolones a la hora de conceder las autorizaciones, porque el director general correspondiente estaba de vacaciones. Insisto, a la confusión en las normas, hay que añadir la dejadez de algunas administraciones. Otro ejemplo es lo de las tarifas eléctricas para riego.

Y luego está lo del agua. Por un lado, las montañas no tienen nieve. Por otro, la política hidrológica es siempre un asunto polémico, pero si se aproximan elecciones, como las municipales y gran parte de las autonómicas de finales de la primavera, lo es todavía mucho más. El futuro del Trasvase Tajo-Segura es uno de los puntos más complicados y con más repercusiones en términos de votos en la Comunidad Valenciana y Castilla la Mancha, gobernadas por socialistas, y en Murcia y parte de Andalucía, en manos de los populares. En medio están Teresa Ribera y el propio Pedro Sánchez. De momento, los regantes levantinos se van a manifestar en Madrid la próxima semana. Luego, habrá que esperar el dictamen que se ha solicitado al Consejo de Estado y lo que decida el Gobierno, que tiene la última palabra. Cuanto más tarde, más cerca estarán las elecciones.