El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) y el Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC) han propuesto hoy una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y medidas fiscales para garantizar el derecho a la vivienda, con medidas como aumentar hasta los seis años el periodo mínimo de alquiler.

Según ha informado el ICAB, además de ampliar hasta los seis años la duración mínima del contrato de alquiler para uso propio de la vivienda, se propone que se pueda aplicar una prórroga de hasta cuatro años, así como medidas fiscales para incentivar el alquiler.

Además, también plantean suprimir la previsión y exigencia de una inscripción registral del contrato para garantizar la duración mínima en caso de pérdida o resolución del derecho del propietario arrendador o en el caso de transmisión de la vivienda a un tercero.

Otra de las medidas que estudia el grupo de trabajo del ICAB y del CICAC es la incorporación de la regulación del arrendamiento de habitaciones, así como la mejora de la regulación de los arrendamientos turísticos para excluir cualquier tipo de cesión temporal, ya sea total o parcial, de este tipo de contratos.

Los expertos del ICAB y del CICAC también proponen incorporar un último grupo de personas con derecho a vivienda en caso de muerte del arrendatario, después del cónyuge o parientes del difunto, con derecho a la subrogación por un año o por el tiempo que falta para terminar el contrato, en concreto los que tengan una relación de convivencia y de ayuda mutua.

En el ámbito fiscal, se plantea modificar la regla vigente sobre los rendimientos íntegros de capital inmobiliario, de forma que no se incluirá una renta del capital inmobiliario en la parte general de la base imponible si no existe el cobro efectivo.

También se aboga por extender el ámbito de aplicación de las reducciones sobre la renta neta de los arrendamientos de viviendas a las rentas obtenidas en forma de actividad empresarial e introducir una nueva exención de las ganancias de patrimonio obtenidos por reinversión del importe por la venta en la adquisición de un bien destinado al arrendamiento.

Otro de los aspectos que estudian los expertos es ampliar ámbito objetivo de aplicación del tipo reducido del IVA del 10 % en la realización de obras de renovación y reparación en las viviendas destinadas al alquiler, como medida de fomento de la rehabilitación.

También proponen que la Ley de Enjuiciamiento Civil incluya medidas para garantizar el traslado a los servicios sociales de las resoluciones que determinen el lanzamiento de una vivienda para prevenir situaciones de exclusión residencial.

Según el ICAB y el CICAC, las medidas acordadas hace cinco años para fomentar el alquiler han "precarizado" el mercado mediante la "estandarización" de contratos de duración "insuficiente" para dotar el domicilio familiar "de la mínima estabilidad necesaria, poniendo en riesgo el núcleo esencial del derecho constitucional a una vivienda digna, que consiste no sólo en el derecho a acceder a una vivienda, sino también en el derecho a permanecer en él".