El Gobierno de Nicaragua ha derogado este domingo las reformas de la Seguridad Social que desataron las protestas callejeras que desde el miércoles han causado al menos 27 muertos, según datos de oenegés, y más de un centenar de heridos y numerosos daños materiales.

El Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) ha acordado revocar las dos resoluciones que sirvieron como "detonante para que se iniciara esta situación", según ha anunciado el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en un mensaje a la Nación. 

Nicaraguan Government backs on the reforms on the Social Security in order to allow for a broad debate on the issue, announced today President Daniel Ortega. pic.twitter.com/8WUJnsInNk

— Augusto Corea (@nicaxpaz) 22 de abril de 2018

Ese mensaje ha sido retransmitido en directo a través de los medios de comunicación públicos nicaragüenses, y también por YouTube:

Comunicamos al pueblo nicaragüense que el consejo directivo ha dicho que adoptará las resoluciones. La resolución es que "queda revocada la resolución anterior", ha afirmado Ortega en un discurso retransmitido por los medios públicos nicaragüenses. "Queremos restablecer el orden, no podemos permitir que aquí se imponga el caos y saqueos", ha explicado Ortega, que ha hecho un llamamiento a la paz y ha destacado que "la mesa queda limpia para sentarse a tratar el tema con los empleadores y trabajadores".

En su discurso, Ortega ha reconocido que esa propuesta no ha tenido "viabilidad" y que ha sido revocada en aras de facilitar el diálogo con el sector privado y con representantes de los trabajadores. El mandatario ha dicho que la reforma de la Seguridad Social "creó está situación dramática", en alusión a las protestas callejeras, que degeneraron en muchos casos en violencia y vandalismo.

Asimismo, Ortega ha invitado al cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes y a los obispos para que sean garantes de un diálogo entre el Ejecutivo, el sector privado y los trabajadores.

El origen de la protesta es una reforma del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) aprobada el pasado 16 de abril por la cual la aportación salarial de los trabajadores a la seguridad social pasaba del actual 6,25 a un 7 por ciento; la de los empresarios mediante sus beneficios, de un 19 a un 22,5 por ciento; y los jubilados hubieran tenido que empezar a contribuir con una retención en sus pensiones del 5 por ciento.