Según recoge el auto judicial, la causa se incoó en diciembre de 2017 y desde entonces se ha acordado la práctica de diversas diligencias de instrucción, esencialmente recabar documentación y su estudio tal y como aparece en el informe emitido por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Del informe aportado por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil se deducen, tal y como se apunta en el auto, "indicios suficientes para atribuir a las personas denunciadas, con la provisionalidad propia de esta fase de procesal, la posible comisión de los ilícitos penales", de ahí que "deban ser llamados para ser oídos en calidad de investigados". Entre estas personas se encuentra el actual secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya.