Venezuela se encuentra una vez más, en su historia reciente, a las puertas del abismo institucional con la decisión de aplazar la toma de posesión del Presidente, a expensas de una hipotética recuperación de la salud de Hugo Chávez. Es una decisión que se ha tomado arbitrariamente, retorciendo para ello la literalidad de la Constitución. Lo que está en juego ahora no es solventar la contingencia de la enfermedad de Hugo Chávez, sometida a complejos procesos médicos. De lo que se trata es del respeto a la Constitución como garantía de paz y de estabilidad, y por lo que representa de contrapeso a la demagogia y dique a la arbitrariedad, en un país en el que sistemáticamente se han vulnerado las leyes y los derechos fundamentales.                La sociedad venezolana está padeciendo una crisis institucional que se alarga sin fin. La incertidumbre debe acabar cuanto antes para que Venezuela pueda volver a la normalidad institucional. Como ha señalado el Presidente de la Conferencia Episcopal es necesario que las autoridades informen con claridad y veracidad sobre el estado de salud del Presidente, dado que esta situación está afectando al bien de los ciudadanos. No sólo desde el punto de vista político y social, también desde el económico. La crisis económica por la que atraviesa ese país se está agudizando por causa de esta anomalía institucional que parece no tener fin.