La inminente publicación del informe del Consejo del Poder Judicial sobre la nueva Ley de derechos del concebido y de la maternidad, vuelve a poner sobre el tapete la cuestión de la legislación del aborto en España. Una cuestión agudizada por la pendiente resolución sobre la constitucionalidad de la actual legislación socialista, que está a la espera de una sentencia de nuestro más alto Tribunal. Una dilación que no debería ser utilizada como argumento disuasorio de esta reforma. Un vez más, y ante la división interna dentro del Consejo del Poder Judicial sobre esta materia, no conviene perder el horizonte de lo que se está tratando. Apoyar o no un cambio profundo de la actual regulación  del aborto, ofreciendo más garantías al concebido y no nacido, no debe ser una cuestión de partido ni un mero debate sobre técnica jurídica. Lo que se está poniendo en evidencia con el debate de este informe es el servicio de la ley a la protección de un derecho fundamental, el derecho de todos a la vida, reconocido por nuestra Constitución. El análisis de algunas argumentaciones que se están utilizando dentro del Poder Judicial avala la necesidad de que este Gobierno sea sensible a la necesaria protección del derecho a la vida, en la medida en que esa protección es garantía de un adecuado sistema legal.