El Consejo de Gobierno de La Rioja ha aprobado, en su reunión de hoy jueves, día 7, extender a padres e hijos y cónyuges la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones al 99%, que durante los últimos tres años ha estado acotada a bases liquidables iguales o inferiores a 400.000 euros.

Alfonso Domínguez, portavoz del Gobierno regional y consejero de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital, ha presentado esta medida que anula, según ha dicho, un tributo “muy anacrónico y confiscatorio” (sólo se mantiene el 1% a efectos de control administrativo) y que “será la primera de una intensa agenda de reformas que aliviarán la presión fiscal a los contribuyentes riojanos a lo largo de esta legislatura”.

La Rioja recupera plenamente esta exención, que ya estuvo vigente entre 2004 y 2015, y se suma así al grupo de ocho autonomías de régimen común (Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Murcia) en las que resulta más barato legar a los parientes más cercanos (grupos I y II del impuesto), incluso que en las comunidades forales, y en las que no se penaliza a quienes hacen una donación a sus hijos o por bienes que ya tributaron a través del IRPF, IBI, AJD, IVA y las plusvalías municipales.

“Familias”, ha subrayado el consejero durante su intervención, que “está esperando la supresión de una vez por todas de este impuesto injusto que castiga a quien ha trabajado, a quien ha estudiado y a quien ha guardado unos ahorros".

Según las estimaciones de la Dirección General de Tributos, el coste fiscal de la bonificación, calculado en 8,3 millones de euros, “se verá compensado con mayores ingresos derivados de la mejora de la economía, en especial, en los correspondientes al Sistema de Financiación Autonómica, y por el estricto control que la Comunidad está realizando en las políticas de gasto público como, por ejemplo, el ahorro en la estructura del Gobierno”, ha destacado Domínguez.

La práctica supresión de este tributo, según el Ejecutivo de Gonzalo Capellán, “no supondrá ninguna merma en la prestación de los servicios públicos. Dados los niveles de recaudación que existen ahora mismo en las administraciones, hay margen suficiente para bajar impuestos y mantener y mejorar la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales”.

Esta reforma fiscal, que no tendrá carácter retroactivo, inicia su tramitación como anteproyecto de Ley en el Parlamento de La Rioja y el Ejecutivo regional espera que esté aprobada “en unos meses”, ha avanzado Domínguez. Además, ha incidido en que “al ser un impuesto estatal, lo deseable sería que el Gobierno de España lo eliminase de forma completa, como así ha venido reclamando La Rioja en años anteriores”.