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El TSXG condena a la Xunta a pagar las pérdidas que le provocó un oso a un apicultor de A Fonsagrada

El plantígrado causó daños valorados en casi 1.800 euros, una cantidad que el productor consideró que no tenía por qué asumir, dado que es una especie protegida

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Ramudo

Lugo

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 08:29

Un apicultor de la provincia de Lugo recurrió a la Justicia para que la Administración le abonase el dinero que perdió como consecuencia del ataque de un oso pardo a sus colmenas. El plantígrado provocó daños y pérdidas valoradas en casi 1.800 euros, una cantidad que el productor consideró que no tenía por qué asumir, habida cuenta de que se trata de una especie protegida.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado el recurso presentado ese apicultor de A Fonsagrada contra una resolución de la Consellería do Medio Ambiente que le denegó una ayuda por los daños que provocó el oso pardo en sus colmenas, valorados en 1.793 euros.

Según la sentencia del TSXG, los daños fueron comunicados por este apicultor el 13 de junio de 2022, primero mediante una llamada al teléfono 012 y, posteriormente, a través del registro electrónico de la propia Xunta de Galicia.


La Justicia estima su recurso

El TSXG estima el recurso de la representación legal de este apicultor contra la Dirección Xeral de Patrimonio Natural y le reconoce al interesado el derecho a obtener esa ayuda.

También reclamaba mediante ese recurso la "declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración", al entender que no tenía "que soportar" los "daños y pérdidas asociados al ataque" del oso a sus colmenas, al ser "una de las especies protegidas por la Directiva Hábitats".

En ese sentido, pedía la "indemnización consecuente con esos daños y pérdidas".

En su contestación a la demanda, la Xunta de Galicia incidió en que en el expediente no habían sido identificadas individualmente las colmenas.

Sin embargo, el alto tribunal gallego sostiene que"una vez reconocidos tales daños por la propia Administración, sin que se pueda hablar" de ninguna "sospecha de fraude en el comportamiento de apicultor", la "exigencia de identificación individual de cada una de las colmenas pierde trascendencia".

Por ello, "condena a la Administración a reconocerle al recurrente su derecho a la obtención de la ayuda solicitada" y a pagar las costas procesales.

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