La Fiscalía Provincial ha archivado las diligencias de investigación incoadas en virtud de la denuncia interpuesta por el Defensor del Paciente sobre el reciente brote de legionela registrado en Cáceres el pasado verano, que ponía el foco en la falta de controles del agua en la ciudad.

El órgano judicial ha señalado que no se ha podido demostrar que exista un “vínculo epidemiológico entre los casos afectados”, ni se ha podido establecer la posible o posibles fuentes de contacto de legionela, por lo que no aprecia delito penal alguno.

En este brote se han registrado 12 casos confirmados, desde el pasado 28 de agosto hasta el 13 de septiembre, "sin que se haya producido después ningún otro", ha apreciado la Fiscalía Provincial en su escrito al que ha accedido EFE.

La Fiscalía ha apuntado además que se “ha comprobado que los responsables en la vigilancia epidemiológica en Extremadura y Cáceres”, el Servicio Extremeño de Salud (SES) y el Ayuntamiento, “han adoptado las medidas preventivas y de control y vigilancia que establece la normativa sanitaria, para la prevención y el control de la legionelosis”.

Al respecto, hace constar que el Consistorio “elaboró y cumplió un calendario de toma de muestras para detección de legionela en distintas instalaciones de la ciudad a partir del 26 de junio hasta el 24 de agosto”.

Igualmente, el SES realizó con una frecuencia mensual la toma de muestras en el Hospital San Pedro de Alcántara (HSPA), según las fechas y puntos de muestra calendarizadas, y "en base a los resultados que se obtuvieron se adoptaron actuaciones preventivas y/o correctoras”.

El ayuntamiento, “al detectar la primera muestra ambiental de legionela, lo comunicó a la Dirección de Salud de Cáceres, coordinando actuaciones a ejecutar”.

Ya después de notificado el primer caso, también recoge la Fiscalía las actuaciones conjuntas para contener el brote, en un escrito firmado por la Fiscal jefe, Marta Abellán, tales como "la investigación ambiental específica para identificar los posibles focos de exposición, mapeo de las zonas geográficas vinculadas, medidas preventivas y correctoras que conllevan modificaciones en la vigilancia y control de las operaciones iniciales de mantenimiento por los distintos organismos”.

Asimismo, ha destacado una reunión el pasado 30 de agosto entre la Dirección de Salud del Área de Cáceres y el Ayuntamiento, para tratar los posibles puntos de exposición: revisión de instalaciones de riesgo censadas en la zona de los casos, revisión de la red de agua de consumo de la zona, que incluye los puntos terminales y los registros de autocontrol.

Se adoptaron además medidas concretas como “cierre de la instalación, desinfección, instalación de filtros, así como seguimiento de esas medidas y adopción de las necesarias al resultado que aportan las analíticas y/o notificación de nuevos casos”.

“De los datos expuestos no puede entenderse que exista delito, ni cometido contra la vida o integridad física de las personas, por imprudencia, ni tampoco un delito contra el medio ambiente”, precisa el escrito del órgano judicial.

No obstante, señala que “resulta significativo que no se haya podido establecer un vínculo epidemiológico entre los casos confirmados y algún foco de infección”.