Eres propietaria de una vivienda que has decidido poner en alquiler. La renta que percibes es una buena manera de complementar tu sueldo y te permite pagar tu nueva hipoteca. Cuando llevas un año con el contrato de alquiler, tu hija decide independizarse con su novio y quiere instalarse en la vivienda. Llamas a tus inquilinos con la antelación suficiente para avisarles de que deben abandonar el piso. Al comentárselo recibes la siguiente contestación: "No me voy a ir. No voy a encontrar nada mejor, ni más barato".

Esto le ha sucedido a Teresa Flores, una arandina que lleva casi año y medio sin percibir un solo euro por parte de las personas que están viviendo en su casa, su hogar, donde han crecido sus hijos, y que se niegan a abandonar. Flores es una de las víctimas de la 'okupación' ilegal de viviendas, que en Burgos está totalmente disparada. Los datos son alarmantes. Cada semana, de media, se ocupa una nueva vivienda en la provincia.

'Okupas' con "vida normal"

Las personas que 'okupan' el piso de Teresa son una familia aparentemente normal. Cinco personas están viviendo en el lugar, a pesar de que en el momento de realizar el contrato solo figuraban tres.

Según Flores, son del pueblo, conocidos por algunos vecinos que le trasladan algunos detalles de su vida. "El pueblo empieza a decirte: pues si la hija trabaja aquí, pues si el marido trabaja en el otro lado", explica en COPE esta arandina, que no comprende que está pasando. "Me dicen que no pueden pagar. Ahora mismo estoy convencida de que ellos están mucho mejor que nosotros", comenta. Tampoco han accedido a alguna de las seis viviendas que ha puesto el Ayuntamiento de Aranda de Duero a disposición de las personas vulnerables.

Impotencia es la palabra que más repite Teresa. Miran hacia el próximo juicio de deshaucio, que va a tener lugar el próximo 3 de abril, aunque no ven seguro que se vaya a celebrar. "Hemos tenido tres juicios de desahucio, que todos se han ido anulando. La otra parte ha pedido que se suspenda. Realmente a lo que se está esperando es a un certificado de Servicios Sociales, un informe como que son vulnerables, pero es que Servicios Sociales manda informes en los que no aparece que son vulnerables", explica Teresa Flores.

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Mientras se resuelve todo por el juzgado, Teresa sigue sin ver un solo euro. Su casa está okupada y no se puede ni acercar, porque puede incurrir en acoso a sus propios 'okupas'. El mundo al revés, al que se enfrentan las víctimas de la okupación ilegal.

La otra cara de la moneda

Más suerte ha tenido Mari Luz, a quien casualmente también 'okuparon' su vivienda en Aranda de Duero. Su hogar, un lugar lleno de recuerdos familiares, fue invadido por una pareja de jóvenes que, en lugar de trabajar y esforzarse por tener su propia casa, prefirieron vivir a expensas de los demás.

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Todo empezó con un aviso de la vecina colindante en noviembre del 2021. “Acababa de ver a una pareja saliendo de la vivienda”, señala Mari Luz, quien recuerda que en una hora la denuncia ya estaba puesta y fue entonces cuando se puso en marcha el proceso. “Yo la verdad es que esperaba que ese mismo día la policía los sacará de allí pero eso no ocurrió, parece que su palabra vale más que la de los vecinos indicando que acababan de entrar en la vivienda", añade.

Mari Luz tuvo que vivir en sus carnes este auténtico trauma para ella y para su familia, y por supuesto para los vecinos que viven alrededor y que lo sufrieron de lo lindo durante siete largos meses. "No es fácil asimilar que estén usando a tus pertenencias, quemando tus muebles, vendiendo los enseres, violando tu recuerdos... No es fácil tampoco para los vecinos poner denuncia tras denuncia por los olores al quemar los muebles, por las intimidaciones a los vecinos... Hasta se adueñaban de la acera para aparcar y eso fue un problema en el que tuvo que actuar hasta la policía", recuerda con tristeza.

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Pero la justicia finalmente prevaleció. Tras un arduo proceso legal, Mari Luz y su familia lograron recuperar su hogar en junio del 2022. “Tuvimos un primer juicio en enero del 2022 y ganamos, pero en el último segundo, cuando ya parecía que todo se acababa el abogado de oficio recurrió y otra vez tocó esperar”, apunta Mari Luz, quien recalca que mientras tanto tuvo que seguir pagando el agua y la luz. “Todo. Mientras ellos hacen fiestas, invitan a gente y más”, asegura. Pero por fin, en junio de 2022 la justicia les volvió a dar la razón y se produjo el lanzamiento.

¿Indefensión judicial?

En España existen diversas leyes que abordan los temas relacionados con la propiedad de la vivienda entre los cuales se incluyen la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley de Propiedad Horizontal y la Ley de Ordenación de la Edificación. Pero no existe en España una ley que se enfoque directamente en la protección de los propietarios sobre la okupación ilegal.

La Ley de Vivienda aprobada el 25 de mayo del 2023 introdujo ciertas medidas muy controvertidas ya que de manera indirecta podía entenderse que favorecían los okupantes ilegales en detrimento de los legítimos propietarios.

El abogado burgalés Roberto Portilla señala que esta ley, que afecta sobre todo a los grandes tenedores, es decir, aquellas personas que tengan más de 10 inmuebles en posesión, regula el proceso de desalojo y desokupación, como los casos concretos y sus diferentes tratos y modulaciones. “Puede, a veces, resultar complicado saber cómo se debe actuar en cada situación”, recalca.

En caso de que nos vemos envueltos una situación de okupación ilegal de un inmueble nuestra propiedad se presentan diversas vías amparadas por la ley para poder fin a esa intrusión ilegítima.

Portilla señala que, al tratarse de un delito tipificado en el Código Penal, en el artículo 245, “siempre podemos acudir a la vía judicial-penal interponiendo una querella o, en este caso una denuncia por usurpación, siendo en última instancia el juez encargado de enjuiciar el caso el que determinará si existe o no un comportamiento que merezca ser reproche penal”.

Por otro lado tenemos la vía judicial-civil que, dice Portilla, “también configura un cauce para resarcir, por un lado los daños y perjuicios que hayan podido generarse por esta ocupación ilegal, así como tramitar los posibles actos de desalojo del inmueble ocupado indebidamente”.

De esta manera, tanto el procedimiento ordinario como el procedimiento verbal especial de desahucio prevén estos supuestos que evidentemente conseguirán finalmente el desahucio siempre y cuando pueda identificarse a los 'okupantes' que se considere que estaban ocupando indebidamente el inmueble.