Nuevo charco en el que se han metido sin katiuskas los miembros del Gobierno. En esta ocasión con la prisión preventiva de los políticos catalanes acusados de rebelión, sedición y malversación por los acontecimientos del 1-O.

El primero en lanzar la piedra y esconder la mano, bajo el matiz de opinión personal, fue el ministro de Exteriores. Josep Borrell aseguraba en una entrevista en la BBC el martes 11 septiembre que "yo personalmente preferiría que estas personas estuvieran en libertad condicional. Creo que hay otras maneras de prevenir que se fuguen", pero añadía que "el Gobierno no puede hacer nada en este sentido porque depende de los jueces y en España hay separación de poderes".

Era la incursión del Ejecutivo en la Diada y en un tema delicado teniendo en cuenta que quien mantiene la prisión preventiva es el juez Llarena, contra el que también hay abierto un proceso por la denuncia de Puigdemont. Declaraciones que fueron matizadas por el titular de Exteriores tras el consiguiente revuelo entre los partidos no independentistas. 

Cuando el tema se estaba aletargando, hace su aparición pública Teresa Cunillera, delegada del Gobierno en Cataluña, para mostrar su apoyo al indulto de los líderes independentistas, en caso de que sean condenados por el Tribunal Supremo. Lo hacía en el programa "El Suplement" de Catalunya Ràdio: "Si se pide (el indulto), soy partidaria, claro, pero tienen que pedirlo, ¿eh?". A esto se sumaba el descarte a que vuelva a activarse el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, "si no se quebranta la ley".

Acción- reacción, las críticas de PP, Cs a las declaraciones de Cunillera no se hicieron esperar. Acción- reacción, la Delegada tira la piedra, las ministras Montero y Batet tienen que matizar.  Para la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, "el Gobierno no anticipa escenarios judiciales" y la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, "no ha lugar a hablar de posibles indultos a los políticos independentistas en Cataluña que están encarcelados cuando aún no se han celebrado los juicios por el 'procés'".

Reacción a la reacción, la Delegada del Gobierno donde dijo digo..."cualquier 'especulación' sobre lo que suceda una vez se dicte la sentencia del 'procés' sería "prematura" apostando por  "no hablar de futuribles que no ayudan a solventar los problemas actuales".

Creada ya la confusión, algunos miembros del Gobierno han preferido aumentar el ruido sobre el tema. En una entrevista a 'La Vanguardia', la vicepresidenta Carmen Calvo olvida que la prisión preventiva en el caso de los políticos presos catalanes puede prolongarse, por la gravedad de los delitos de los que se les acusa, hasta dos años y no llevan ni un año en prisión. La Vicepresidenta considera que si el juicio a los líderes independentistas se retrasa mucho "no sería lógico alargar la prisión preventiva. Se lo podría plantear el juez, sería razonable", puesto que "alargar tanto una prerrogativa, si se va a alargar la vista oral, parecería razonable que pudieran estar en otras condiciones".

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Puestas las brasas, el Presidente del Gobierno se ha visto obligado a apagar el fuego. Desde Montreal, Pedro Sánchez, ha rechazado opinar sobre la posibilidad de indultar a los dirigentes independentistas porque considera que es una mera "hipótesis", pero ha apelado a la "empatía" para restablecer la convivencia en Cataluña. "El Gobierno no se pronuncia sobre hipótesis; el Gobierno se pronuncia sobre realidades", ha recalcado antes de resaltar que el carril de la Justicia tiene su recorrido, mientras que su responsabilidad es responder a esta crisis desde la política.