La nueva Ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), también conocida como Ley Celaá que podría ser aprobada a finales de año, establece en el marco de la Educación Espacial que los alumnos sean trasladados a centros ordinarios con el fin de favorecer su integración. Sin embargo, esta propuesta no es del agrado de toda la comunidad educativa, ya que se priva a los padres de la capacidad de elegir un centro de Educación Especial. Todo ello ha provocado el nacimiento de una Plataforma llamada Educación Inclusiva Sí y Especial también que aúna a padres y centros. En "TRECE te acompaña", Ana Medina conversa con los miembros de la comunidad educativa de uno de estos centros, el colegio María Corredentora.

Isabel Alonso es la directora pedagógica del centro quien asegura que "tememos la desaparición de la Educación Espacial en España porque el Gobierno ha manifestado en varias ocasiones su deseo de trasadar los alumnos que están matriculados en ellos a centros ordinarios, y dejar los centros de Educación Especial como centros de recursos. En 2017, CERMI realizó un tour por España y se emitió un informe que establecía que la Educación Especial en España es segregadora. Esto es cuanto menos sorprendente porque tenemos constancia de que las dos personas de la ONU que acompañaron CERMI no visitaron ningún colegio de Educación Especial ni entrevistaron a ningún profesionall de los que trabajan en ellos. A raíz de este informe, CERMI convence al Gobierno de que incluya en su proyecto de Ley la enmienda 502 sobre la renovación de la Educación Especial. Esto provoca un revuelo social en el sector de la comunidad educativa especial. Se crea la plataforma Inclusiva sí, y Especial también y a raíz de esa movilización el Gobierno accede a retirar esta enmienda 502. Pero, lo que hacen es sustituirla por la actual disposición adicional cuarta que lo que viene a ser es un cambio de palabras pero no de intenciones, el plan de transformación de estos centros es el mismo. Se ha aprovechado el estado de alarma paratramitar esta ley, lo cual no consideramos que sea prudente".

Alonso señala que en España están escolarizados en Esducación especial 35.000 alumnos, lo que supone el 17% de las personas con necesidades especiales, "lo que significa que el otro 83% ya está escolarizado en centros ordinarios, lo que refleja que el sistema educativo es inclusivo. Consideramos que el incluir a todos los alumnos en centros ordinarios, parte de una premisa errónea que es meter todas las discapacidades en el mismo saco, cuando no es así. Un alumno con discapacidad visual, con los recursos necesarios puede seguir el curso en un centro ordinario. Pero los centros de Educación Especial están adaptados a nuestros alumnos. Hay algunos en el espectro autista que no soportan el ruido que no pueden estar en pasillo con 50 alumnos". Isabel incide en que el objetivo de estos centros es la inlcusión familiar y laboral.

Sobre la situación de los padres, señala que están preocupados, porque en estos centros están atendidos y "tenemos la experiencia de otros países como Portugal en donde no ha sido satisfactoria" Alonso incide en que en España tenemos la oportunidad de elegir entre diferentes modalidades educativas, y "el que esté en riesgo esta elección y pase por encima del derecho de los padres la decisión de cualquier administración pública, les preocupa también".Otra cuestión que preocupa es que "el Gobierno ha reconocido que es una decisión basada en criterios ideológicos sin fundamentos pedagógicos detrás y el hecho de haber reconocido que no tienen plan. Esto de cara a las familias es preocupente porque sienten que sus hijos van a ser un experimento, sin que además se prevea una dotación económica". Por último, Isabel Alonso incide en que el foco debería estar puesto en dotar a los centros ordinarios de recursos para que aquellos alumnos que puedan acudir a uno de estos centros lo haga en las condiciones adecuadas y con los materiales que necesitan.

Fatima y Antonio son los padres de Alonso, alumno del Colegio María Corredentora y señalan que la Ley tal como está ahora en el Congreso lo que busca es la desaparición de la Educación especial y "a nosotros nos afecta a la hora de elegir la mejor educación para nuestros hijos, y más allá de cómo les afectará a ellos en su futuro. Por lo que están en juego valores fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y sociedad". Fátima explica que su primera idea era que "nuestros dos hijos fueran al mismo colegio y fuimos a visitar un centro de inclusión, pero durante el recorrido cuando le pregunté a la persona que lo estaba realizando si mi hijo iba a asistir a las clases de Física, Química o Matemáticas, me dijo que no, porque en esos momentos se sacaba al alumno de la clase y se le daban clases de apoyo, con lo que entendí que en el fondo estaban, pero no estaban porque le tienen que sacar de clase. En el colegio de Educación Especial vimos que había niños con situaciones homogéneas a los que se les daba un trato personalizado. A la hora de tomar la decisisón pensamos que el hecho de sacarles de clase era ya una segregación, y creimos que era más benefcioso que estuviera en un centro con personas con capacidades similares, para que se motivaran entre todos. Si yo juego con Nadal al tenis, no aprendo nada porque ni siquiera veo la pelota", destaca. Fátima resalta el seguimiento que se hace en el centro de los alumnos y se pregunta por qué si no es obligatoria y es una elección, se quiere eliminar.