A través de un comunicado, la Fiscalía Europea ha solicitado la parte principal del caso de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. En concreto piden al juez instructor del Juzgado número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, los contratos públicos del empresario Juan Carlos Barrabés (al que se le adjudicaron dos contratos públicos tras las cartas de recomendación que remitió la mujer del presidente del Gobierno) que podrían haberse realizado con fondos europeos. Es por ello, que la Fiscalía asume ahora la investigación y esto podría conllevar la suspensión de la declaración judicial de Begoña Gómez del próximo cinco de julio. Además recordamos que ya el organismo europeo amplió la investigación a los delitos de malversación y prevaricación.

¿Qué supone el paso que ha dado la Fiscalía Europea?

La solicitud de investigación pone el foco y se centra únicamente en las asignaciones que la empresa pública Red.es otorgó al empresario Juan Carlos Barrabés. Lo que no se incluiría es el asunto vinculado a la empresa Globalia, sobre el cual la Audiencia Provincial de Madrid ya se ha pronunciado, descartando la implicación de Begoña Gómez.

El exmagistrado del Tribunal Supremo y abogado Adolfo Prego señala en 'Trece al Día' que: "La Fiscalía tiene una competencias delimitadas por los delitos que pueden ser de diverso tipo, siempre y cuando afecten a los intereses financieros de la Unión Europea". El problema está en saber si lo que va a estudiar Europa, asegura Prego, "es un delito de esa clase. La cuestión está si ese dinero con el que se pagaban los contratos salía de los Presupuestos Generales del Estado, producto de los impuestos de los españoles, o salía de las aportaciones o subvenciones económicas de la UE. Si es esto último sí que habria una afectación de los intereses financieros de la UE".

Precisamente por eso hay que averiguar si es su competencia y para ello recabar datos: "La trazabilidad de la entrega de los fondos, cómo llegaron, quién los recibió, dónde están, a qué han sido destinados y cuáles han sido los canales por los que se ha sumergido ese dinero. El análisis de la documentación es complejo".

Fiscalía Europea vs. Justicia española

Con el paso que ha dado la Fiscalía europea se plantea otra cuestión que es qué ocurriría en el caso de que se produjera algún conflicto de intereses entre la justicia europea y la española. Adolfo Prego subraya que: "La Fiscalía europea no puede dar órdenes ni al juez ni a los fiscales españoles pero puede pedir o solicitar documentos e información". Aun así pueden surgir diferencias de criterios o solapamiento de competencias: "De producirse un conflicto entre Fiscal europeo y fiscal español lo resuelve el Fiscal General del Estado. Si se produce entre la Fiscalía Europea y el juez de instrucción lo resolvería la sala segunda del Tribunal Supremo". El exmagistrado del Supremo añade una advertencia: "Ojo con una cosa, cuando sí corresponde a la Fiscalía Europea el conocimiento de esos delitos, le corresponden ese delito más los delitos conexos o vinculados a ese otro delito".

La investigación que se estaba llevando a cabo hasta ahora aquí en España se centraba también en una serie de recomendaciones. Recomendaciones que según aclara Prego, "en sí mismas no constituyen un delito, lo que sí, es influir sobre decisiones aprovechando o amparándose en la capacidad de presión de su gestión para obtener resoluciones administrativas de contratos de aprobación de una empresa u otra".

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