Daniel Berzosa, profesor de derecho constitucional y abogado, analiza en 'La Lupa de la mañana' los aspectos jurídicos más polémicos de la ley Celaá. El profesor expone que: “La Ley como tal va a salir porque seguramente tenga la mayoría parlamentaria, además se han anunciado recursos de constitucionalidad por parte de las fuerzas principales de la oposición parlamentaria, por lo tanto, en un momento determinado, el Tribunal Constitucional se pronunciará”.

Respecto a los recursos de inconstitucionalidad que se pudieran presentar contra esta ley, el profesor de derecho constitucional explica que: “Con esta ley, tal y como está redactada, habrá que afinar muy bien como se plantee el recurso o los recursos de inconstitucionalidad y por qué. Porque ciertamente, en algunos aspectos, como en el idioma que iba a haber una supresión del español como lengua obligatoria para formar a todos, y era verdaderamente un disparate y es neta y absolutamente inconstitucional. Pero se han quitado ciertos adjetivos que se habían ampliado”.

El abogado pone el énfasis en que el problema es que “lo que se va a recurrir es lo que diga la ley”. Pero, explica el profesor, “esa vulneración, de ocurrir, no la podemos verificar hasta que empiece a aplicarse la ley. Políticamente parece claro cual es la intencionalidad de esa ley, pero como el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse sobre lo que contiene la ley, pues según los casos dirá: 'bueno esto no es inconstitucional, a ver que aplicación se hace'”.

"Una supresión del español como lengua obligatoriaera verdaderamente un disparate y es neta y absolutamente inconstitucional"

El profesor de derecho constitucional señala en 'La Lupa de la mañana' la existencia de un acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede en materia de educación, que es un tratado internacional. Daniel Berzosa explica que: “En ese tratado se dice que la asignatura de religión se enseñará al mismo nivel que las demás asignaturas, para esto, si la Santa Sede quisiera, no tendría que esperar a una aplicación porque podría interpretar que se está violando un tratado internacional y tendría que aplicar las normas que se contienen en dicho tratado”.