En una democracia todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario.

Es decir, la culpabilidad hay que denunciarla inmediatamente después probarla. El hecho de que un juez instructor haya mandado al Supremo un caso de investigación de Pablo Iglesias, demuestra que indicios de que pudiera haber cometido algún tipo de delito, al menos indicios, ese juez encuentra.

El juez Garcia Castellón, el que investiga el caso Dina, el del teléfono robado de la asesora de Podemos, le ha dicho al Supremo que investigue la conducta de Pablo Iglesias porque podría haber cometido, presuntamente, un delito de denuncia falsa.

Es decir, podría haber utilizado los mecanismos del Estado de Derecho, presuntamente, para beneficiarse políticamente.

Cuando ha sido Pablo Iglesias además, una persona tan beligerante, en asuntos como el caso Bankia o en el caso de Mariano Rajoy, está obligado como mínimo y antes de que se produzca cualquier actuación de los jueces, a dar explicaciones. Explicaciones políticas.

Ya veremos si este asunto tiene recorrido penal, pero político sin duda lo tiene. Y es relevante.