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La presidenta del Foro Judicial Independiente analiza la reforma del delito de sedición presentada por Podemos

Concha Rodríguez despeja las dudas en TRECE de la propuesta del partido de Iglesias que obigaría a dejar libres a los líderes del proceso separatista catalán condenados a prisión

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Tiempo de lectura: 2'Actualizado 01:30

Concha Rodríguez, presidenta del Foro Judicial Independiente, ha explicado en 'El Cascabel' todos los detalles sobre la reforma del delito de sedición propuesta por Unidas Podemos: "Aquí se ha puesto de manifiesto por el grupo Unidas Podemos que el motivo de la reforma es una solicitud del grupo Amnistía Internacional por entender que lo que se pretende es que el delito de sedición se adapte a una justicia del siglo XXI".

La jueza ha señalado que "el delito de sedición se encuentra dentro de los delitos contra el orden público y a diferencia que el delito de rebelión, que es un delito contra la Constitución, no existe la utilización de violencia, es decir, es un alzamiento público utilizando la fuerza o bien unas vías que no sean las legalmente establecidas. La pena aquí, que considera Podemos que es una pena excesiva, es de 8 a 10 años, y cuando se trata de una autoridad quien lo comete, puede ser de entre 10 y 15 años y además lleva inherente la inhabilitación".

Concha Rodríguez: "Con la reforma, habría que hacer una revisión de las condenas"

Por tanto, Concha Rodríguez ha explicado que "la modificación, tal y como se prevé en la propia proposición, lleva consigo que de conformidad con el articulo 9.2 de la Constitución y el artículo 2.2. del Código Penal, obliga a revisar las condenas que ya existan. Nosotros entendemos que se trata de un delito que es de escasa frecuencia en la comisión de hechos delictivos, por lo tanto, que se regule de forma distinta en otros países miembros de la UE un delito de escasa incidencia, no entendemos esa urgencia para su modificación, cuando hay muchos otros delitos que son cometidos por muchos ciudadanos y que no están armonizados y sin embargo, el Gobierno no ha tenido la preocupación en la armonización".

Además, desde el punto de vista político, la jueza ha afirmado que "puede crear una sospecha o una duda en los ciudadanos dado que la obligación de revisar hechos que ya han sido condenados y que se encuentran cumpliendo condena pueden pensarse que se convierta en un derecho de autor, es decir, que al ser cometido por ciertas personas, se quiere modificar el delito para que esas personas puedan salir beneficiadas". "Con la reforma lo que se pretende es decir que es necesaria violencia o intimidación y entiende que la hay cuando hay utilización de armas e instrumentos peligrosos, y eso llevaría a una revisión de las condenas".

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