La reforma educativa de Isabel Celaá se ha aprobado con un fuerte rechazo por parte de la oposición y amplios espectros de la sociedad. La Iglesia también se ha mostrado contraria a la hora de aprobar la LOMLOE, que sería la octava ley de Educación que entra en vigor en España en democracia, y que una vez más marcada por la falta de consenso y, además, en plena pandemia.

Por ello, Mons. Alfonso Carrasco, obispo de Lugo, presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura, y Raquel Pérez Sanjuán, secretaria técnica de la Comisión de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española, han manifestado en 'El Cascabel' de TRECE la necesidad de buscar el diálogo y el consenso porque "la educación tiene que cómo sujeto verdadero a las familias y a la sociedad encuentre reflejo en la ley".

En este sentido, Mons. Alfonso Carrasco ha explicado que, a pesar de que "hay poco tiempo", señala que "querríamos aprovecharlo del mejor modo. La mayor parte de la tramitación ha tenido ya lugar, en el camino que queda es posible un consenso, un diálogo que deseamos pero que consideramos que es propia de la vida política y muy específicamente de una ley de educación. Están comprometidas las vidas de los niños, jóvenes y de las instituciones educativas, es muy evidente la necesidad del diálogo", ha asegurado.

Raquél Pérez Sanjuán: "Primero hay que ver cómo termina la ley, pero recurrir ante el TC es una posibilidad que nos da la legislación"

Ante una de las posibilidades que caben, la de recurrir ante el Tribunal Constitucional, Raquel Pérez Sanjuán ha señalado que “es una posibilidad que nos da la legislación, pero primero hay que ver cómo termina la ley, hay un plazo para transaccionar enmiendas y dialogar". No obstante, ha insistido en que la prioridad es "pensar que es posible el diálogo y buscar soluciones a aquellos puntos de conflicto. La ley tiene aspectos positivos desde nuestra perspectiva y son interesantes. El preámbulo con el marco internacional es algo en lo que también estamos nosotros, el pacto global educativo”.

¿Es posible que haya cierres de colegios concertados, centros de educación especial y que peligren los puestos de trabajo de profesores?

Mons. Alfonso Carrasco ha afirmado que “la ley no legisla estos cierres, sería inaceptable. No se puede pensar algo así, pero lo cierto es que puede haber formulaciones o limitaciones que ahoguen o dificulten la existencia de escuelas que están siendo solicitadas por muchos padres. Si se introducen dinámicas contrarias que dificultan la vida a estas escuelas puede haber temor. Si se dificulta la financiación de las escuelas también, pero sobre esto la ley no legisla. El temor está fundado en expresiones de la ley que llevan a los colegios y a sus representantes a preocuparse porque pueden dar pie a situaciones difíciles”.

El presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura también ha dicho que intentaron hacer una propuesta que pudiera integrar la dimensión moral y la clase de Religión con la que "todos pudiéramos estar tranquilos", pero explica que "no fue integrada la propuesta en la ley que conservó planteamientos bastante antiguos. Intentarán en la ley salvaguardar los mínimos legales que exige el marco jurídico vigente y si así se hace, intentaremos trabajar del mejor modo".

Mons. Alfonso Carrasco: "Todavía podemos evitar que haya esta lesión de un bien tan importante como la educación moral y religiosa"

Además, Mons. Carrasco ha mandado un mensaje de tranquilidad: "Si llega el momento en el que el derecho de las personas, de los fieles y las familias son vulnerados tendremos que defenderlos. Podremos todavía dar pasos, evitar que haya esta lesión de un bien tan importante como la educación moral y religiosa. Deseamos dialogar, no solo por una demostración de buena voluntad, sino porque queremos que la ley pueda ser una ley de la sociedad y que la educación tiene que cómo sujeto verdadero a las familias y a la sociedad".

En cuanto a las manifestaciones de los últimos días de familias y docentes contra la Ley Celaá, Mons. Carrasco ha dicho que "es una pena que hayan tenido que salir a la calle para alzar su voz, pero queremos apoyar y que esta voz se oiga. Lo normal sería que esta voz encontrase acogida en los espacios parlamentarios, en la elaboración de la ley. El Gobierno atiende al bien de la sociedad y no tiene que llevar adelante solo las opiniones o el programa de una parte de la sociedad", ha explicado.

En ese sentido, ha añadido que "el consenso que deseamos y el diálogo puede ser favorecido por la manifestación y la expresión en voz alta de los deseos de tantísimas personas. Es bueno, un servicio democrático que se hace, una llamada. Queremos que se introduzca en la ley lo que nos parece esencial. Queremos que se dialogue y se de espacio a esta voz. Agradezco y apoyo la labor de esta parte de la sociedad que quiere hablar y ser escuchados".